La directora general de la Agencia Valenciana Antidespoblación (Agenda Avant), Jeannette Segarra, anunció ayer la puesta en marcha del nuevo servicio Agentes de Empleo y Desarrollo Local (AEDL) para municipios que estén en la Agenda Avant y tengan menos de 1.500 habitantes censados.
La iniciativa fue presentada a través de una serie de videoconferencias con los ayuntamientos (participaron más de 100 alcaldes) organizadas por la Federación Valenciana de Municipios y Provincias (FVMP), en las que también estuvo el director general del Instituto Valenciano de Finanzas (IVF), Manuel Illueca.
REFUERZO / El presidente de la FVMP, Rubén Alfaro, subrayó que desde la Federación siempre han trabajado «para reforzar los servicios que se prestan a los municipios en riesgo de despoblación», comentó. «En esta ocasión, además, existe una propuesta clara para abordar cuestiones de financiación, que tanto preocupan a los alcaldes», puntualizó.
El nuevo servicio contempla incorporar en el mes de junio cinco agentes, a través de la Federación Valenciana de Municipios y Provincias. Su labor pasará por coordinar a los AEDL que prestan servicio en los municipios en riesgo de despoblación, además de desarrollar su trabajo en localidades que no dispongan de ninguno.
«RECONSTRUCCIÓN» / «El objetivo es iniciar una reconstrucción económica y social que logre cambiar la dinámica migratoria y siente las bases de un nuevo modelo productivo», concreta Jeannette Segarra, quien, desde que se puso al frente de la Agenda Avant, en el 2019, pretende acabar con la exclusión financiera y social de los municipios castigados por la despoblación.
El director general del IVF destacó varias medidas para empresas y autónomos, como las diferentes líneas de financiación disponibles. Illueca detalló especialmente la de préstamos bonificados a interés 0% para aquellas poblaciones incluidas en territorio Avant. «Buscamos contribuir a minimizar la exclusión social impulsando programas de financiación», manifestó. Además, desde el IVF han presentado un modelo de convenio para firmar con los ayuntamientos, en los que establecen un marco común que sirve de cauce para impulsar el desarrollo de proyectos empresariales. Siempre con la perspectiva de consolidar núcleos poblacionales en peligro de quedarse vacíos a corto plazo debido al descenso de los vecinos.
