La Conselleria de Vivienda, Obras Públicas y Vertebración del Territorio, a través de la Entidad de Infraestructuras de la Generalitat (EIGE), ha asignado las primeras 25 viviendas protegidas en varios municipios de la Comunitat, tras la aplicación de los nuevos criterios sociales que prioriza a aquellos colectivos con mayores dificultades para acceder a una vivienda. Cinco de estas corresponden a la provincia, cuatro a Castellón y una en el Grao.

Así, según ha destacado la directora general del EIGE, Helena Beunza, la Ley por la Función Social de la Vivienda impulsada por la Generalitat obliga a adecuar los procedimientos de adjudicación y se establece que para acceder a una VPO, además de cumplir los requisitos fijados, se priorizará a determinados colectivos: víctimas de violencia de género; personas afectadas por un desahucio derivado de una ejecución hipotecaria o por impago de cuotas de alquiler; personas discapacitadas; familias con menores a su cargo; aquellos que residan en inmuebles con barreras arquitectónicas no subsanables; familias para las que pagar el alquiler suponga más del 25% de los ingresos de la unidad.

Asimismo, la resolución también tiene en cuenta otras situaciones como que en la unidad familiar haya algún integrante menor de 35 años o mayor de 60 años, así como solicitantes que se ven obligados a desplazarse por motivos laborales. Si hay igual puntuación, se dará preferencia a las solicitudes más antiguas.

Según la directora general de Vivienda, Rehabilitación y Regeneración Urbana, Rebeca Torró, «la falta de una política en materia de vivienda de gobiernos anteriores puso de manifiesto una gran carencia de planificación en las promociones de VPO».