La Conselleria de Agricultur, Desarrollo Rural, Emergencia Climática y Transición Ecológica se comprometió a investigar si los olivos que se encuentran a la venta en varias plataformas digitales están protegidos por la ley de Patrimonio Arbóreo Monumental y, en su caso, a «aplicar el régimen de protección que corresponda» para evitar que sus propietarios actuales los arranquen y los lleven fuera de su hábitat histórico.

Fuentes del departamento que dirige Mireia Mollà aseguraron, en respuesta a la información publicada por Mediterráneo, que los agentes medioambientales de la Dirección Territorial de Castellón ya llevan a cabo un seguimiento «sobre el terreno y a través de viveros de las actuaciones que afectan a olivos presuntamente protegidos». La actuación de estos técnicos consiste en comprobar que los árboles que se comercializan no superan las medidas que la normativa autonómica establece para considerar que los mismos deben ser protegidos y que, por lo tanto, no pueden ser arrancados ni vendidos. Entre otras cuestiones, determinan que el perímetro del tronco no supere los 350 centímetros medidos a una altura del suelo de 130 centímetros, así como que el olivo no supere los 350 años de edad.

NUEVOS CASOS // No obstante, este diario pudo comprobar ayer que la existencia de ofertas de olivos que se presentan como centenarios no se limita a la plataforma Wallapop. También en otras, como Milanuncios, se pueden encontrar varios mensajes de usuarios que ofrecen ejemplares ubicados en la provincia de Castellón. Los hay en San Rafael del Río o Torreblanca, entre otros municipios, y en algunos de ellos incluso se ofrecen garantías (a través de imágenes) de que los árboles superan los 350 centímetros de perímetro de tronco. Los precios en estas plataformas también alcanzan los 60.000 euros por lote, mientras que en otros casos se explica a los interesados que pidan precios a través del canal privado, ya que «cada olivo es único».

La Unió, que durante los años más duros del «expolio» fue la organización que con más ahínco denunció esta situación, aseguró que el desarrollo de la ley ha provocado una reducción de las operaciones, que se han trasladado a las comarcas del sur de Cataluña, que no cuentan con una normativa de protección. No obstante, también indicaron que este negocio nunca ha dejado de existir y lamentaron que ahora se aprovechen las facilidades que ofrece la red para hacer reaparecer un fantasma que creían enterrado.