La Conselleria de Vivienda, Obras Públicas y Vertebración del Territorio ha sacado a licitación el contrato de asistencia técnica para estudiar la situación del taxi en la Comunitat Valenciana, por un presupuesto de 65.000 euros.

Un trabajo en el que, como ya avanzaron fuentes oficiales de la Generalitat a este periódico, plasmará las necesidades del sector y realizará los cambios que considere pertinentes tras tener en cuenta las demandas particulares de cada provincia y de cada asociación de profesionales.

En Castellón, entre otros puntos, analizará la solicitud de la Asociación de Taxistas de Orpesa y Pueblos Limítrofes al Aeropuerto de poder trabajar en el aeropuerto ampliando el área de Castellón, como han reiterado los afectados en varias ocasiones. Son 14 profesionales de Orpesa, la Pobla Tornesa y Cabanes, representados por Francisco Cayero, que no pueden operar en el recinto pese a tener sus licencias en municipios cercanos.

La ampliación del área de Castellón, sin embargo, no la consideran necesaria desde la Asociación de Taxistas de Castellón y Provincia, con unos 80 socios. Su presidente, José Luis Artola, explica que «la experiencia demuestra que en otras ocasiones cuando se ha ampliado el área, son los pueblos los que se quedan sin servicio, porque sus taxistas vienen a trabajar a Castellón». «Estamos para defender la operatibilidad del servicio y si abandonamos los pueblos, las aplicaciones como Uber se apoderarán, ya que aparecen donde el servicio es más deficiente». Artola reconoce estar «deseando que se haga el estudio, para que se plasme en papel que el servicio de taxi de Castellón y del aeropuerto es excelente y no requiere ampliación».

UN AÑO // Opiniones diferentes cuya solución la determinará este estudio autonómico cuya redacción tiene un año de plazo. Del mismo, derivará «información suficiente» para permitir que el diseño de un «marco estable» para el sector del taxi, que permita que los responsables de la Conselleria puedan tomar «decisiones responsables y fundamentadas».

Según insisten fuentes oficiales de la administración autonómica competente, la finalidad es ofrecer «seguridad y estabilidad económica» al sector, a la vez que mejorar «de forma permanente» el servicio a los consumidores. H