La salvación de las organizaciones empresariales de la Comunitat Valenciana no llegará por vía de la Generalitat. O al menos, la opción no se contempla en estos momentos. Ni el Instituto Valenciano de Finanzas (IVF) ni la Conselleria de Empleo, que ha sido precisamente la que ha abierto los contenciosos judiciales con las territoriales de Castellón (CEC) y Alicante (Coepa), lo que cierra la puerta a cualquier condonación o superación de las diferencias de motu propio.

Entre las mil y una opciones que se barajaron en la junta directiva de la patronal autonómica Cierval del pasado martes estaría la de que la Generalitat obrara el milagro: bien mediante la inyección de fondos, aunque fuera con el condicionante de devolución posterior, o bien se condonara la deuda que las entidades arrastran con el propio Consell, ante la imposibilidad de superar la asfixia económica que viven por la falta de recursos propios.

Pero las dos vías parecen, hoy, más que bloqueadas. El director del Instituto Valenciano de Finanzas (IVF), Manuel Illueca, declaraba ayer a Mediterráneo que la entidad «no concede ni ayudas ni subvenciones». ¿Y en forma de crédito para devolver a largo plazo? «No tenemos ninguna previsión de aumentar el riesgo», añadía Illueca, responsable de una institución a la que Coepa ya debe 3,8 millones de euros en inversiones. «Estamos al margen de las estrategias de las organizaciones empresariales», zanja.

No habrá crédito en condiciones ventajosas para las patronales, ni tampoco habrá ningún tipo de amnistía por parte de la Conselleria de Trabajo, a través del Servef. Más bien lo contrario, teniendo en cuenta de que ha sido la propia administración valenciana la que ha puesto en conocimiento del juez una serie de denuncias contra las organizaciones por recibir fondos para la celebración de cursos cuyo uso final ha sido más que dudoso o que no se ha acreditado adecuadamente. En el caso de la CEC de Castellón, son tres los requerimientos de reintegro que el Servef ha remitido y ha puesto en conocimiento del juez --todos recurridos por Cierval--, que será el que se encargará de dilucidar si el destino de los recursos ha sido en realidad el que los motivó. En total, 1,2 millones, y cuya recepción se canalizó a través de la autonómica Cierval, por lo que ahora es la responsable subsidiaria.

La situación es delicada. Cierval decidirá el día 9 si acepta la quita del 95% de la deuda que Coepa tiene contraída, o si lo declina y, por tanto, en la práctica la envía a la liquidación. Y la CEC prepara su concurso de acreedores. Arrastrada por ambas, Cierval suma pérdidas de 900.000 € solo del 2015, y podría pedir el concurso en enero. H