La Generalitat ha recurrido el auto que acordaba el sobreseimiento provisional y archivo de las actuaciones relativas a la pieza 1 del caso Valmor referida a las negociaciones para organizar el Gran Premio de Fórmula 1 en València, en la que solo quedaba como investigado el expresident de la Generalitat Francisco Camps.
Según han informado fuentes del Gobierno valenciano, la Abogacía de la Generalitat ha presentado ante el Juzgado de Instrucción número 2 de València un recurso de reforma contra el citado auto, en el que argumenta que existen "indicios de criminalidad" contra Camps.
La causa se inició hace cuatro años para investigar las negociaciones para la organización del Gran Premio de Fórmula 1 a través de la empresa Valmor Sport y la posterior absorción de esta sociedad por la empresa pública Circuito del Motor.
El pasado diciembre, la jueza dictó el sobreseimiento provisional de la causa, sin oposición de la Fiscalía, al considerar que la investigación practicada no permitía sostener la acusación por delitos de malversación y prevaricación y que no existían "indicios suficientes para formular una acusación fundada en derecho".
En su recurso, la Abogacía de la Generalitat solicita la continuación de la investigación, la transformación de las diligencias previas en procedimiento abreviado, previa unión de esta pieza principal con la pieza segunda (la compra de Valmor por Circuit del Motor).
Asimismo, reclama la declaración como investigados del expresident Camps y de Belén Reyero, asesora del presidente y posterior encargada de eventos en la Sociedad Proyectos Temáticos de la Comunitat Valenciana (SPTCV), así como de las personas que resulten presuntamente responsables de los hechos objeto de investigación.
El recurso de la Abogacía se basa en argumentos estrictamente técnicos y en defensa del interés público de los valencianos, según las mismas fuentes, que han incidido en que todas las actuaciones de la Generalitat van encaminadas al cumplimiento de la ley y a la necesidad de que los responsables de los casos de corrupción que resulten acreditados devuelvan el dinero.
La Abogacía defiende que tanto a través de los informes de la UDEF, como de los correos electrónicos y de las declaraciones que obran en la instrucción, entre ellas las del exvicepresidente del Gobierno valenciano Vicente Rambla, resulta evidente la intervención de Camps y de Reyero en los hechos objeto de investigación, así como la relevancia penal de estos.
En el recurso se advierte que los hechos evidencian cómo se comprometió todo el sector público autonómico en un negocio que se sabía ruinoso desde el inicio, y para el que se eludieron deliberadamente los controles más rigurosos de la Administración autonómica, interponiendo sociedades mercantiles públicas, sobre cuyos actos y decisiones no existió ningún control o fiscalización, ni de la Intervención de la Generalitat ni de la Abogacía de la Generalitat.
