La Generalitat recurrirá ante el Tribunal Supremo por la concesión cautelar de conciertos de Bachillerato a dos centros privados, La Purísima de València y Domus de Godella, y velará para que abonen los 1,1 millones de euros para concederles de forma cautelar los conciertos los próximos cursos. Así lo anunció ayer el Consell en un comunicado, alegando que «no comparte los motivos de la resolución» del TSJCV. La Generalitat velará para que se asegure que los centros abonan la cantidad económica estipulada por el tribunal que les permitiría tener los conciertos en Bachiller, más de 539.000 euros en el caso de La Puríssima y más de 545.000 en el del Domus.
«Eso es el que cuesta a los valencianos la existencia de estos conciertos no necesarios, que duplicarían los recursos económicos invertidos por el Consell», añade la Generalitat.
Por otra parte, la presidenta del PPCV, Isabel Bonig, lamenta que el próximo curso empezará con «inseguridad», por la suspensión del plurilingüismo y la situación de los conciertos. Bonig acusa a Mónica Oltra y Vicent Marzà de «insumisión inaceptable» por «no acatar» la sentencia que suspende el decreto de plurilingüismo. Bonig reclama a Ximo Puig que cese a Marzà durante el pleno de hoy.
El sindicato STEPV, por su parte, exige a Bonig que «deje de amenazar al profesorado». La organización critica a la líder popular «por decir que los docentes podrían responder personal y patrimonialmente por aplicar un decreto suspendido», manifiestan.
