La presión de la comunidad educativa y de los empresarios ha servido para que el Gobierno ceda. El Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades anunció ayer, tras una reunión con el de Trabajo, que iniciará una ronda con la comunidad educativa para «fijar» la regulación del real decreto que incorpora la cotización a la Seguridad Social de las prácticas académicas externas.
Todo tras la guerra abierta con los rectores, los estudiantes y también con los empresarios ante los «muchos interrogantes» que plantea el real decreto ley 28/2018 para la Revalorización de las pensiones públicas sobre quién deberá abonar la cotización a la Seguridad Social de dichas esas estancias, obligatorias para titularse en los grados de la UJI, el CEU y la FP de grado medio y superior, y que, solo en Castellón, mantiene en vilo a 8.400 estudiantes.
Se dan un plazo de «tres meses» para «estudiar cómo se regula este tema sin que se pierda la naturaleza de las prácticas», y con el objetivo de «mejorar las prácticas» y «reforzar» el sistema de protección social de los alumnos que realizan las estancias.
QUE NO SE APLIQUE A LA FP Y LA UNIVERSIDAD //
En paralelo, ayer, en la Conferencia Sectorial, fuentes de la Conselleria de la Educación explicaron que «no» comparten «que se aplique ni a los alumnos de FP ni a los universitarios», y exigieron que, «o bien en el desarrollo del decreto ley o en la futura ley de educación, se incluya una modificación para exceptuarlos», explicando que, por ejemplo, «los alumnos de FP no hacen prácticas sino que cursan de 350 a 400 horas de formación en empresas, por lo que ni tienen ni han de tener ningún contrato de trabajo».
El conseller de Educación, Vicent Marzà urgió ayer al Gobierno a «encontrar una solución» ya al caos propiciado por el decretazo, «reformulándolo», que «debe hacerse conjuntamente, entre todas las partes: administraciones, instituciones y empresas».
