El Gobierno central discrepa del artículo de la ley de acompañamiento a los Presupuestos de la Generalitat del 2017 que regula las competencias de los ayuntamientos en el sistema de servicios sociales, por lo que se ha constituido una comisión bilateral con la Generalitat. Es el paso previo a la presentación de un recurso de inconstitucionalidad si no logra un acuerdo en seis meses. Dicho artículo modificó un apartado de la ley autonómica de 1997 de Servicios Sociales, para atribuir a las entidades locales competencias en esta materia, como la gestión de los programas y de las ayudas que les encomiende la Generalitat, y la titularidad y gestión de los servicios sociales especializados. Asimismo, les atribuye la gestión, de acuerdo con la planificación, coordinación y financiación autonómica, de los recursos necesarios para atender a las personas en situación de dependencia, en especial las relativas a los Servicios de Promoción de la Autonomía Personal, Servicio de Ayuda a Domicilio, y la actividad de aplicación técnica del instrumento de valoración.

Por otro lado, la vicepresidenta, Mónica Oltra, exigió ayer al Gobierno que se «ponga las pilas» en materia social «porque, si hay dinero para rescatar autopistas», también debería de haberlo para «rescatar a los más vulnerables». Lo hizo en el pleno del Consejo Territorial de Servicios Sociales y del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia.