Bonificar el tráfico de todo tipo de vehículos desde la autovía A-7, ahora mismo en obras en la variante de la Vall d’Uixó, a la autopista de peaje AP-7, tal y como piden los grupos políticos de la Diputación, Les Corts, alcaldes y agentes sociales costaría mucho dinero: «Entre 15 y 18 millones de euros, a razón de 100.000 euros al día, por los 45-50.000 vehículos que transitan por este punto diariamente». Así lo han asegurado fuentes gubernamentales a Mediterráneo, que matizan que «a priori parece una cantidad desproporcionada y poco lógica» para una obra --la del reasfaltado del tramo de 6,5 kilómetros de la autovía A-7 que va desde Nules a Almenara-- que cuesta tres millones. Es decir, que la solución propuesta «multiplica por seis al proyecto en sí».

Ayer, el subdelegado del Gobierno en Castellón, David Barelles, durante una visita al puerto, no entró en detalles, pero sí abundó en la polémica de los últimos días: «Alrededor de España tenemos nueve tramos en los que ahora mismo se está produciendo una bonificación temporal del paso de vehículos, y ninguno está bonificado exclusivamente por el Gobierno de España. Es más, en cuatro de ellos se hace exclusivamente por parte del Gobierno de esas regiones», aludiendo, pues a la necesidad de que la Generalitat participe en ese copago, opción que ya ha duramente criticado el Consell, al entender que Fomento quiere endosarle el coste derivado de una obra que no es de su competencia.

Barelles insistió en que, si se bonificara la autopista, «esto requeriría un convenio, cuando ahora mismo el Ejecutivo está en funciones y el presupuesto prorrogado, por lo tanto, no es posible», y subrayó que se va a «reforzar la señalítica» para informar a los usuarios de la autovía de las obras y que tomen el desvío de la N-340 para evitar retenciones, así como a «acelarar al máximo las obras», previstas para seis meses, si bien no lo cuantificó.

EXIGENCIA A FOMENTO // Por su parte, la alcaldesa de la Vall d’Uixó, Tania Baños (PSOE), se desplazó ayer a Madrid para solicitar una reunión de urgencia al ministro de Fomento en funciones, Rafael Catalá, «para exigir la liberalización de la AP-7» por los problemas que están produciendo las obras en la A-7 a la altura de la Vall d’Uixó y así «no poner en riesgo la seguridad de los conductores al haber descargado todo el peso del tráfico por la N-340». Baños denunció «las retenciones y el caos» que están generando las obras en la A-7 «sin que se haya puesto en marcha una alternativa que no ponga en riesgo la seguridad de las personas». H