El Ministerio de Transición Ecológica se enroca, y no tiene previsto hacer modificaciones sustanciales a una propuesta de retribución a las plantas cogeneradoras que implica un hachazo de 19 millones de euros a la industria azulejera de Castellón. Y ello a pesar de las alegaciones presentadas por el sector y del dictamen de la Comisión Nacional de Mercados y la Competencia (CNMC), que instan a modificar los criterios para efectuar los cálculos.

Según defendieron fuentes ministeriales a Mediterráneo, «la norma marca que todo ingreso por encima de lo estipulado como rentabilidad razonable queda fuera del límite normativo español y comunitario». Mencionan que las actualizaciones se hacen «de acuerdo con la normativa establecida en el 2014 con total transparencia, que marca periodos de revisión de seis años», por lo que este año correspondía este proceso de «ajustar los parámetros retributivos a la evolución pasada y futura de los precios» correspondientes a la energía.

En cuanto a los efectos sobre el balance económico de las empresas, aseguran que las instalaciones cogeneradoras «conocen con antelación los ajustes --bien al alza o la baja-- que se van a realizar en el siguiente periodo de regulatorio y pueden realizar su planificación con suficiente margen».

FUNCIONAMIENTO / Las fábricas de cerámica de Castellón cuentan con 80 plantas, que aprovechan el calor generado por los hornos de gas para crear energía eléctrica y percibir ingresos por su aportación a la red. La patronal Ascer forma parte de la Asociación Española de Cogeneración (Acogen), que la semana pasada expuso la «preocupación ante el inesperado ajuste», para añadir que el Gobierno «no se basa en datos y circunstancias actuales».

Ayer hubo un encuentro entre la secretaria de Estado de Energía, Sara Aagesen, y Acogen para exponer las alegaciones presentadas, sin que conste un acercamiento de posturas. Transición Ecológica afirma que sin el recorte «la rentabilidad real percibida resultaría superior al valor fijado por ley y eso no es compatible con la normativa».

Ante este panorama, la asociación defiende que la cogeneración «es necesaria para lograr más eficiencia energética y ambiental», y que de confirmarse este descenso «dejaría a las industrias sin motivación para acometer inversiones hacia un modelo descarbonizado».

Por su parte, el Ministerio afirma que el Gobierno «trabajará con todos los agentes implicados en la búsqueda de soluciones», y defiende que las plantas tendrán una rentabilidad «razonable del 7,39% de su inversión hasta finalizar su vida útil», que queda establecida en unos 25 años.