Los objetivos de déficit para la Comunitat valenciana (y el resto de autonomías) bajan cada año, mientras que el sistema de financiación no mejora, tragedia a la que hay que unir la inestabilidad política en Madrid, que impide que un gobierno en funciones realice las entregas a cuenta del modelo y bloquea los logros obtenidos en los presupuestos del Estado de 2019, que quedaron abortados (los que rigen son los de 2018, heredados del ministro del PP Cristóbal Montoro).
La consecuencia es que la distancia entre el objetivo de déficit marcado por el Ministerio de Hacienda y el gasto realizado por el Consell para hacer frente a los servicios públicos fundamentales se ensancha a partir del 2018. Dicho de otra manera, la brecha entre el horizonte idílico impuesto por el Gobierno central y la realidad es ahora más grande.
liquidez // Ello supone que, tras varios años de reducción del auxilio económico del Estado a la Generalitat vía Fondo de Liquidez Autonómica (FLA), este volverá a crecer. En concreto, la inyección necesaria para cubrir el déficit real deberá triplicarse.
El llamado ExtraFLA es la aportación que hace el Ministerio de Hacienda para cubrir el déficit extraordinario, el que escapa al regulado. En el 2015 superó los 3.700 millones, ya que el año anterior el objetivo era del 1% y se situó en el 2,6% del PIB. A partir de ese ejercicio, el del cambio político en la Generalitat, estos créditos del Estado para lograr cubrir el tramo extraordinario de déficit han ido decreciendo.
Así, en el 2018 sumaron 356,7 millones, la cifra más baja, ya que el objetivo marcado para el año anterior era del 0,6% y el Consell se quedó en el 0,82%. Esa tendencia se rompe este año: los datos oficiales que maneja el Consell indican que el extraFLA deberá rondar los mil millones (984), el triple que el año anterior.
aumento // Este hecho tiene que ver también con que el Consell ha ido aumentando el gasto para acercarse a la media en servicios públicos fundamentales. Fuentes del Gobierno que preside Ximo Puig admiten que ya se roza esa media en la sanidad y la educación y existe margen en cuanto a los servicios sociales.
La situación se presenta más complicada cuando se tengan que cerrar las cuentas del 2019. Además, el ejecutivo autonómico no puede contar por ahora con 450 millones de entregas a cuenta al no existir gobierno constituido en Madrid, ni con los 281 de la mensualidad de IVA adeudada por Montoro, ni con la mejora de la financiación de la dependencia (casi 500) prevista en los presupuestos rechazados en el Congreso, ni con los 344 de Sanidad por la atención a los pacientes desplazados. Este «invierno» financiero a la vista ha llevado a Hacienda a ordenar «una contención del crecimiento del gasto». La «cirugía fina» se pretende aplicar sobre partidas sin comprometer a estas alturas del presente año, dejando al margen los servicios públicos básicos.
