El Gobierno descarta rescatar la autopista AP-7 antes de que finalice su concesión el 31 de diciembre del 2019. Esta es la denuncia que ayer lanzó el senador de Compromís Carles Mulet, quien había preguntado al Ejecutivo central si ha evaluado la posibilidad concreta de este rescate.

En su respuesta, aunque sigue siendo ambiguo, el Gobierno afirma textualmente: «La liberación de peaje de un tramo de autopista conlleva siempre unos importantes costes al tener que compensar a la sociedad concesionaria por el restablecimiento de su equilibrio económico financiero que la Administración viene obligada a mantener».

Según Mulet, «la excusa se queda como siempre en tópicos sin aporte de documentación». «Es obvio que puede comportar costes, pero nunca nos responden si estos gastos son menores, iguales o superiores a las actuaciones que se han de llevar a cabo por no rescatar la AP-7», detalla. En este sentido, Mulet cita «actuaciones en la N-340, desdobles, periodos excepcionales de gratuidad...».

En su instancia al Gobierno, el senador castellonense también preguntó cuántas veces se había prorrogado el contrato de concesión de la AP-7, inicialmente concedido a Aumar y ahora a Abertis, su matriz. El Gobierno especifica que ha habido tres prórrogas desde su concesión inicial, que finalizaba en 1998. La primera prórroga fue en 1981, la segunda en 1986 y la tercera en 1997.