Del dicho al hecho hay un trecho. Así reza el refranero popular y es lo que parece ocurrir con la promesa del Gobierno de ampliar a Castellón las bonificaciones ya vigentes en la AP-7 en Cataluña, que benefician a transportistas y usuarios recurrentes. Ayer, el Congreso de los Diputados aprobó, con las únicas abstenciones del PSOE, una proposición no de ley que insta al ejecutivo a ampliar el decreto aprobado en agosto para incluir el tramo entre Peñíscola --donde acaban actualmente los descuentos--y la salida de la Vall d’Uixó- Moncofa.

Del dicho se ocuparon tanto el ministro Ábalos como la portavoz gubernamental, Isabel Celaá, que aseguraron tras la aprobación de la normativa solo hasta Cataluña que la petición castellonense tendría solución «en los próximos días». Desde aquellas declaraciones han pasado más de 40 días, sin que por ahora haya habido ningún anuncio en este sentido.

COMISIÓN DE FOMENTO

Así se llegó a la comisión de Fomento de ayer, en la que Compromís presentó una proposición no de ley para ampliar a varios tramos de la Comunitat --entre ellos el que une Peñíscola y Torreblanca-- las exenciones ya vigentes en la autonomía vecina. La coalición valencianista aceptó incluir una enmienda del diputado popular, Miguel Barrachina, que pedía que el tramo castellonense bonificado fuera más amplio, concretamente entre Peñíscola y la salida de la AP-7 de la Vall d’Uixó y Monfoca, que es la última de la provincia de norte a sur.

Al salir adelante, la proposición no de ley implica en la práctica instar al Gobierno a que aplique en toda la provincia unos descuentos para camiones de entre el 42% y el 50% de los peajes según el peso y del 100% para usuarios recurrentes, es decir, para aquellos que hagan el trayecto de ida y vuelta el mismo día.

El diputado popular, Miguel Barrachina, criticó la actitud del Gobierno al afirmar que «aquellos días a los que se refirió Celaá se han convertido en semanas y pasarán a ser meses porque ahora el PSOE se ha arrepentido y no piensa aplicar la bonificación para los vecinos de Castellón que permiten los presupuestos elaborados por el PP, que incluían 16 millones de euros para este asunto».

Por su parte, el diputado socialista, Herick Campos, defendió que «el Gobierno quiere estudiar unto a la Generalitat cuestiones como la seguridad vial, la capacidad de los accesos actuales, los tipos de vehículos a bonificar y la cuantía de los descuentos».

El portavoz de Compromís, Joan Baldoví, que presentó la proposición no de ley original, aseguró que no entienden «que no se aplique el mismo criterio en territorio valenciano que en el catalán, porque la N-340 no acaba en Vinaròs y con ella los atascos y la peligrosidad». «A problemas iguales, soluciones iguales», sentenció.