La comisión bilateral de cooperación entre el Gobierno central y la Generalitat ha iniciado negociaciones para resolver las discrepancias sobre el decreto ley valenciano del pasado 1 de septiembre por el que se adoptaron medidas urgentes para aplicar este curso los proyectos lingüísticos de centro.

La comisión bilateral es el paso previo a la presentación de un recurso de inconstitucionalidad si no se consigue en ella un acuerdo en el plazo de seis meses.

La resolución por la que se informa de este acuerdo se publica este miércoles tanto en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana como en el Boletín Oficial del Estado, y va a ser comunicada al Tribunal Constitucional.

Ambas Administraciones han acordado designar un grupo de trabajo encargado de proponer a la comisión bilateral "la solución que proceda" con respecto a estas discrepancias.

El decreto ley del Consell 3/1017 del pasado 1 de septiembre fijó medidas urgentes para que en el curso 2017-2018 se pudieran aplicar los proyectos lingüísticos de centro en las clases de Infantil de 3 años y en las aulas experimentales de 2 años.

Para los demás cursos de Educación Infantil, Primaria, Secundaria y Bachillerato se estableció que continuaran los programas educativos establecidos en el curso 2016-2017.

El decreto ley se aprobó después de que a finales de julio el Tribunal Superior de Justicia valenciano ordenara a la Conselleria de Educación que dejara de aplicar el decreto aprobado en enero que regulaba la aplicación de un nuevo programa de plurilingüismo que debía empezar a aplicarse ese curso en primero de Infantil.

El decreto de enero fue impugnado por la Diputación de Alicante, tras lo que el TSJCV lo suspendió inicialmente de manera cautelar, mientras que el pasado verano se suspendieron todas las actuaciones, lo que llevó al Consell a aprobar en septiembre, al inicio del curso, un decreto ley sobre esta materia.

Además, Les Corts Valencianes tramitan una proposición de ley que regula y promueve el plurilingüismo en el sistema educativo valenciano, lo que llevó al pleno del Consell a aprobar el pasado 29 de diciembre la derogación del decreto de enero, ya que esta materia se regirá a partir del curso 2018-2019 por esa proposición de ley. EFE