Tras un 2018, año preelectoral, en el que las licitaciones de obra pública en Castellón se incrementaron de forma muy destacada, todo hace indicar que el 2019 será, al igual que el 2017, un año de sequía. En ello tienen especial responsabilidad el Gobierno central y la Generalitat, que han disminuido sus aportaciones, frente a unos ayuntamientos que siguen manteniendo un nivel parecido.
Lo muestran las estadísticas de la patronal española de empresas constructoras y concesionarias de infraestructuras, Seopan. Hasta el pasado mes de octubre, el valor de las licitaciones del Ejecutivo central y el autonómico en la provincia fue de poco más de 30 millones de euros --10,4 del primero y 19,4 del segundo--. Contrasta con sus aportaciones de todo el ejercicio anterior, valoradas en más de 108 millones. Si bien es cierto que faltan por contabilizar dos meses y que recientemente se licitó la mejora de la N-238 en Vinaròs por 15 millones, parece casi imposible que se llegue a un nivel siquiera parecido.
‘Deberes’
Y no es que falten actuaciones por impulsar en la provincia por parte de ambas administraciones. En el caso del Gobierno, por ejemplo, está pendiente que se concrete al acceso sur en el puerto de Castellón o las actuaciones para luchar contra la regresión de la costa. Por parte de la Generalitat, queda por culminar la ronda de cirvunvalación de Castelló y la construcción de varios centros de salud a lo largo de la provincia, por nombrar solo dos actuaciones.
Un déficit reconocido ayer por el conseller de Obras Públicas, Arcadi España. El responsable autonómico compareció en comisión parlamentaria para informar de la licitación y adjudicación de obra pública tanto del Ministerio de Fomento como de la Generalitat en la Comunitat; y pese a que anunció que próximamente se licitarán tres nuevas obras --no dijo cuáles ni dónde-- por valor de 25 millones de euros, concedió que las aportaciones «siguen siendo insuficientes». «No son las mejores cifras posibles», añadió.
Denuncia
También se han quejado de esta falta de impulso a las licitaciones desde la Cámara de Contratistas valenciana. Su presidente, Manuel Miñes, señaló en primer lugar al Gobierno central, ya que desde el 2012 al 2018 «la licitación en la Comunitat ha representado un 6,09% del total nacional, cuando nuestra población es el 10,59% y nuestro PIB el 9,32% del nacional».
Miñes también tiene críticas para el gobierno autonómico, al considerar que se «eterniza» en cuestiones como las «declaraciones de impacto ambiental» --el plan general de Castelló aún está pendiente de este requisito-- o, en general, por el «caos jurídico-administrativo» que a su juicio existe en ocasiones en el Consell.
En cuanto a los ayuntamientos, siguen siendo la punta de lanza en lo que a licitación de obra pública en la provincia se refiere. De enero a octubre del 2019, sacaron a concurso actuaciones valoradas en 53 millones de euros del total de 84 acumulados hasta esa fecha. A falta de dos meses para el cierre del ejercicio, no están pues tan lejos de los niveles del 2018, cuando desde el ámbito municipal se licitaron 69 millones de euros
