Tras un 2018 en el que la licitación de obra pública se disparó --como suele ser costumbre en los años preelectorales-- , todo hace indicar que, de no producirse un muy pronunciado cambio de tendencia, el 2019 se cerrará con cifras en la provincia más que discretas. De nuevo, es el empuje de los ayuntamientos el que lidera el esfuerzo inversor, ante una Administración autonómica y central con aportaciones fluctuantes a lo largo de los meses y, por lo general, insuficientes.

Dan cuenta de ello las estadísticas de la Asociación de Empresas Constructoras y Concesionarias de Infraestructuras (Seopan). De enero a agosto --últimas cifras publicadas--, las licitaciones en Castellón alcanzaron un valor de 62 millones de euros. Y si bien es cierto que el ejercicio todavía no ha finalizado, es muy difícil que se alcancen los 178 millones que se sacaron a concurso el año pasado, más si se tiene en cuenta que la incertidumbre política que vive el país en la actualidad.

empuje municipal // Como viene siendo habitual en los últimos tiempos, son los consistorios los que actúan como locomotora en el ámbito de las licitaciones de obra pública. Más de la mitad de la aportación total, con un total de 39 millones de euros, corresponde a proyectos municipales.

Mucho menor es el esfuerzo inversor realizado desde la Generalitat, que en los primeros ocho meses de este año ha licitado por valor de 15 millones de euros. Y no es que el gobierno autonómico no tenga proyectos pendientes en el territorio provincial. Por ejemplo en el ámbito sanitario, en el que se reclama la ampliación de Urgencias en el Hospital General, culminar el nuevo edifico oncológico del Provincial y la creación de ambulatorios en Vila-real, Vinaròs y Moncofa.

Si discreta es la aportación de la Generalitat, más lo es la del Gobierno central, que solo sacó a concurso actuaciones que están valoradas en ocho millones de euros desde enero hasta agosto.

solo al corredor // Como publicó Mediterráneo, las aportaciones del Ejecutivo central se limitan prácticamente a los trabajos de implantación del corredor mediterráneo. Un ejemplo reciente se produjo el pasado mes de septiembre, cuando se anunció la adjudicación del contrato por parte de Adif para adaptar el ancho de vía de la estación de Castellón, proyecto en el que invertirá casi cinco millones.

Si bien no cabe duda de que esta conexión ferroviaria es una actuación prioritaria, no son pocos los deberes que en Madrid tienen con la provincia, especialmente en el Ministerio de Fomento.

El presidente de la Cámara de Contratistas de la Comunitat Valenciana, Manuel Miñes, aparte de lamentar el bajón de las licitaciones, explica que en una carta enviada al secretario general de Infraestructuras, Julián López Milla, detalló tres «obras fundamentales» que se tienen que licitar en la Comunitat, a ser posible «durante el segundo semestre».

Una de ellas afecta a Castellón. Se trata de la mejora de la nacional 238 entre el peaje de Vinaròs de la AP-7 y la N-340, que supone «una inversión aproximada de 14,87 millones de euros».

más ejemplos // Al margen de este proyecto, desde la Cámara de Contratistas también consideran «urgente» que se culmine el acceso ferroviario a la dársena sur de PortCastelló y que se dé impulso a las obras en la N-232 entre el barranco de la Bota y la Masía de la Torreta, en Morella.