Al código de buen gobierno que aprobó el Ayuntamiento de Castelló por unanimidad el 2015 le queda una semana de vigencia. El pleno del próximo jueves someterá a votación su recambio por el documento elaborado desde la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP). Los integrantes del Acord de Fadrell y el equipo de gobierno votarán a favor, aunque con matices.

Ayer se celebró la comisión plenaria, en la que establecieron los puntos de la próxima sesión. Los tres partidos en el poder votaron a favor, pero previamente Ciudadanos presentó una enmienda en la que proponía adoptar el código que aplica la Generalitat. En este caso, Compromís no actuó como socialistas y Podem, que votaron en contra, y optó por la vía de la abstención, provocando un empate. La enmienda fue rechazada con el voto de calidad del presidente de la comisión, el socialista David Donate.

El portavoz de la coalición, Ignasi Garcia, justificó que con esta abstención son «coherentes con el Acord de Fadrell, que establece variar un texto actual que es demasiado restrictivo», pero a la vez son «leales con el Botànic», ya que los mismos partidos que gobiernan en Castelló «impulsaron este documento». Eliminada la propuesta de Cs, Compromís se posicionó junto a sus socios y Garcia avanzó que también lo hará el jueves que viene.

El Partido Popular manifestó el lunes que votarán en contra de los cambios y criticó ayer «el rodillo y el atropello que impone la alcaldesa, Amparo Marco», mientras que Ciudadanos lamentó la «imposición a algo que afecta a los 27 concejales», por lo que anunciaron que no votarán a favor de la propuesta de la FEMP.

CRITERIOS / Amparo Marco afirmó «no tener prisa» en cambiar el código. «Son criterios técnicos», adujo. Ante la insinuación del PP de un horizonte judicial en el equipo de gobierno, Marco señaló que, si conocen algún caso, «que lo digan y lo denuncien».

Argumentó que la «situación actual no es la misma, con todos los casos en los que estábamos, incluso con la Guardia Civil que entró en el Ayuntamiento para pedir documentación». Las normas de conducta que todavía rigen fueron creadas en la ola de escándalos de corrupción del PP, y establecieron que una imputación judicial sería motivo de renuncia al acta de edil. La única víctima fue la entonces vicealcaldesa de Compromís, Ali Brancal, por el caso de los sobres, que posteriormente fue archivado.