A falta de medio año para la finalización del plazo que la Unión Europea ha dado al Gobierno para que las dos desaladoras de la provincia entren en funcionamiento si no quiere tener que devolver los 35 millones de euros de ayudas comunitarias, el Ejecutivo estatal todavía no sabe qué hacer con las plantas de Moncofa y Cabanes-Orpesa.

Según ha podido saber Mediterráneo, Aguas de las cuencas mediterráneas (Acuamed), el organismo que construyó ambas instalaciones y debe explotarlas, no ha recibido todavía la orden del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente para ponerlas en funcionamiento. Desde el propio organismo ministerial reconocen a este diario que no hay «ninguna novedad» a este respecto.

Y ello a pesar de que ambas instalaciones llevan años acabadas y listas para producir agua. Como ya es sabido, el problema es que los cinco ayuntamientos que en su día firmaron los convenios para utilizar su agua (Xilxes y Moncofa para la planta del sur de la provincia; y Cabanes, Orpesa y Benicàssim para la del norte) no quieren recibir agua. No la necesitan y además es muy cara (en varios casos su pago hace imposible la viabilidad económica de las casas consistoriales).

negociación pospuesta // El Gobierno debería haber abordado el tema hace mucho tiempo y dado una solución factible para los consistorios, después de que la tímida negociación no resolviese el problema. Para ello, incluso desea involucrar a más localidades, con la construcción, en el futuro, de unas conducciones que conecten la planta de Moncofa con el Consorci d’Aigües de la Plana, con el objetivo de poder «ampliar los usuarios y conseguir reducir con ello las tarifas», tal y como ya informó este rotativo.

Pero esto todavía no ha dado sus frutos y la falta de Gobierno en España desde hace casi un año ha motivado que el conflicto quede aparcado. Como reconocieron fuentes del Ministerio, la negociación será cosa del nuevo Ejecutivo. Esto acerca peligrosamente los plazos al ultimátum de la Unión Europea para poner en marcha las plantas.

Y todo mientras el Gobierno sigue encontrando soluciones para el uso de agua desalada en otras zonas de España. En mayo formalizó la entrega de las plantas de Ciudadela (Menorca) y Santa Eulalia (Ibiza) al Gobierno de Baleares, que explota ambas después de que el Ministerio resolviese los contratos de concesión asumiendo el pago de más de 44,7 millones por la liquidación de ambos contratos. Para el abastecimiento de los regantes de Murcia y Alicante, el Gobierno ha subvencionado el agua de las plantas de Torrevieja y Mutxamel, que aquellos pagan a solo 30 céntimos el metro cúbico. H