La Sala Segunda del Tribunal Constitucional ha dado la razón a la organización de productores englobados en la firma Greenmed del grupo Martinavarro, de Almassora, en el contencioso que mantenía abierto desde el 2014 para poder tener acceso a las ayudas agrícolas europeas. Esta organización había interpuesto recurso de amparo ante las resoluciones judiciales emitidas en su contra por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat (TSJCV) y que venían impulsadas por la Agencia Valenciana de Fomento Agrario. El alto tribunal estima finalmente que la firma tiene derecho a estas ayudas.