La comunidad educativa está en pie de guerra. Universidades, institutos, la Conselleria, los empresarios y los estudiantes han alzado la voz esta semana para exigir «consenso» al Gobierno en el desarrollo del nuevo real decreto-ley 28/2018 para la Revaloración de las pensiones públicas y otras medidas urgentes en materia social, laboral y de empleo, que, «por sorpresa», incluye en su disposición quinta, que las prácticas académicas, las que cada curso realizan hasta 8.400 estudiantes de la UJI, el CEU o los ciclos de FP, deberán cotizarse sí o sí, tanto si son curriculares, es decir, obligatorias dentro del plan de estudios; como voluntarias. Se abre ahora un plazo de «tres meses» de tramitación parlamentaria para «el debate de la norma», según el Ministerio de Universidades, que se suma al de Trabajo, que cede ante las presiones. De entrada, no obstante, no se prevé que se ponga en marcha este curso.

  • Critican la alevosía y poca concrección del decretazo

Es una norma que se lanzó el 29 de diciembre, «por sorpresa, con casi nocturnidad y alevosía», según denuncian los principales agentes implicados, bajo el paraguas de la revalorización de las pensiones públicas y otras medidas urgentes en materia social, laboral y de empleo. Quién debe asumir el coste, quién debe gestionarlo, si afectará a las plazas ofertadas y en qué régimen se debe enmarcar la contratación son aspectos aún en el aire en el texto inicial, que arranca ahora un periodo de «tres meses» de tramitación parlamentaria. Ahora es el momento de «sentarse y trabajar» para concretarlo todo y darle unas formas que «no perjudiquen ni a los centros ni a las empresas ni a los alumnos», en palabras del secretario general de la Confederación de Empresarios Valencianos (CEV), Miguel Ángel Javaloyes.

  • En vilo 8.400 alumnos de la UJI, CEU y FP en Castellón

La medida, que obliga a dar de alta en la Seguridad Social a «todos los que hagan prácticas formativas en empresas o instituciones» cuando entre en vigor, es calificada por unos y otros como «positiva», Primero, para aflorar el empleo encubierto de los becarios, y por el reconocimiento de las estancias formativas, con muchos peros. Y, en Castellón, el documento mantiene en vilo a más de 8.400 alumnos, tanto de la UJI (3.500 anuales), el CEU-Cardenal Herrera (650) y los ciclos medios y superiores -no básicos, exentos sobre el papel- (4.300).

  • Un impuesto sí o sí a unas prácticas profesionalizantes

Son obligatorias y los alumnos, si no las hacen, no se pueden titular. Da igual que sea una Formación en el Centro de Trabajo (FCT) de los grados medios o superiores de FP, normalmente son «en el tercer trimestre de segundo curso, en ambos casos, con unas 400 horas lectivas en la empresa, obligatorias», según el portavoz de la Asociación de Directores de FP, Andrés Branchat, del IES Leopoldo Querol, de Vinaròs. O en la universidad. En la Jaume I, el practicum es una de las marcas de la casa de sus 32 titulaciones, entra como parte de los créditos para graduarse y debe cursarse sí o sí. Para ello, la UJI ha abierto el abanico de convenios con empresas de todo el tejido productivo provincial, que reciben cada año a sus 3.500 alumnos de media.

  • Las empresas se posicionan: «Habrá menos plazas»

Desde la Confederación de Empresarios (CEV) y desde la Cámara lo tienen claro: «Habrá menos plazas». Es la primera de las consecuencias de una normativa «recaudatoria» que «limitará a las mercantiles al incrementar costes», coinciden el secretario general, Miguel Ángel Javaloyes; y la presidenta, Dolores Guillamón, respectivamente. «Lo primero es sentarse a consensuar cómo se hará», reclaman al unísono.

  • La universidad, la primera en poner la voz en grito

Aunque reconoce que es «una buena noticia, porque pone en valor» las prácticas y al alumnado, la rectora de la UJI, Eva Alcón, y el secretario general del CEU, José Manuel Amiguet, critican también «las formas», al «no contar con las universidades e igualar estancias curriculares y voluntarias y generando muchas dudas sobre quién debe asumir el coste». Fue la Conferencia de Rectores la primera en alzar la voz; después, los estudiantes. A ambos bandos les preocupan, y mucho, las consecuencias. Sobre todo, que adelgace la cifra de becados o de empresas socias para las prácticas, y de que no se especifique quién debe pagar la cotización. «Que se clarifique ya», clama la presidenta del Consell de l’Estudiantat, Laura Alcaide.

  • Exigen «que no se aplique ni a la FP ni a la universidad»

Institutos de FP de la red pública y concertada provincial, unos 70, lanzan duras críticas al proyecto de decreto. Como la universidad, especifican que sus 400 horas anuales, en una formación «profesionalizante», son «una asignatura más de los planes para acoplar los estudios a la realidad del mercado laboral de cada sector», mientras que la Conselleria de Educación, titular de los centros, es clara: «Le hemos pedido al Ministerio que no se aplique ni a la FP ni a la universidad».

  • ¿Qué cuesta? Más de medio millón al mes

Si todos los estudiantes en prácticas de Castellón las hicieran a la vez, su alta en la Seguridad Social costaría más de medio millón de euros, específicamente, serían 540.000 euros. Esta cifra sale de multiplicar los 8.400 estudiantes de la UJI, el CEU y los institutos públicos y concertados de FP de Castellón por los 60 euros que cuesta la cotización obligatoria en los contratos de formación y aprendizaje por las llamadas contingencias comunes. Para la UJI, la suma (en caso de que tuviera que ser quien abonara el impuesto) es de 210.000 euros. La rectora, Eva Alcón, avanzó que, «en el momento financiero actual, sería inasumible». El CEU, por su parte, apela a «los fondos de su fundación» para costear los 39.000 euros, que «asumirá» a su pesar. «Preferiríamos invertir en becas», señaló su secretario general, José Manuel Amiguet. Lo que más ‘costará’ será la FP, de titularidad directa de la Conselleria de Educación.