La Autovía del Mediterráneo es, sin duda, la carretera más transitada de todo el trazado en la provincia de Castellón. Y es que, a su paso por la Vall d’Uixó, la A-7 alberga cada día, de media, a más de 48.000 vehículos, según las estadísticas del Ministerio de Fomento de enero a agosto de este año --y buena parte de ellos son camiones--. La cifra llega a superar incluso los 53.000 vehículos en los dos meses estrella de verano. Esas son las estadísticas de Fomento en el punto donde, desde el pasado día 4, se están llevando a cabo las obras para mejorar el estado de la calzada en los 6,5 kilómetros de la variante de la Vall d’Uixó. Con estos condicionantes, se entiende mejor la guerra política que se ha desatado en las últimas semanas.

Retenciones habituales agravadas por accidentes

Y es que, con el corte a la circulación de uno de los dos carriles de la autovía, sus usuarios viven suplicios en forma de colas y retenciones, sobre todo a primera hora de la mañana y por la tarde. Pero es que, además, desde que comenzaron las obras, dos accidentes han dificultado todavía más el tránsito en momentos puntuales. Los mayores problemas se registraron esta misma semana, el jueves, cuando un accidente varios kilómetros al norte de la zona de obras se sumó a las retenciones habituales, lo que sumió a la Plana en un caos de tráfico. La N-340, la alternativa de Fomento a la A-7, se mostró totalmente insuficiente para absorber el tráfico que no pudo circular por la autovía. Y las carreteras autonómicas (como la CV-18) y comarcales no están preparadas para una situación como esta.

Unanimidad para reclamar la autopista, excepto Fomento

Todo esto ha desembocado en una reivindicación prácticamente unánime para abrir a la circulación, de forma parcial, la autopista AP-7. Usuarios, transportistas y administraciones la han exigido, al menos para permitir el tránsito de los camiones. Los ayuntamientos de la zona han llevado al pleno declaraciones institucionales para exigir al Gobierno la liberalización de la carretera de peaje. El consistorio castellonense también tiene previsto hacerlo en el pleno del próximo jueves. Y la Diputación ya lo hizo el martes, con el consenso de sus cinco grupos políticos, un hecho poco habitual. También el Parlamento valenciano se unió para reivindicar la apertura de la infraestructura debido a que las carreteras alternativas «no reúnen las condiciones de seguridad». De esta manera, todos, excepto el titular de la infraestructura, el Ministerio de Fomento, han reclamado la apertura de la AP-7 a la circulación.

El Ministerio pide al Consell colaboración, como a todos

El secretario de Estado de Infraestructuras, Julio Gómez-Pomar, que esta semana visitó Valencia, reconoció, como un día antes había publicado este diario, que Fomento está «estudiando» la posibilidad de bonificar el paso de camiones por la autopista. Pero no dio un plazo para dar la respuesta en unas obras que en teoría deben durar medio año... y además señaló que, para ello, es necesario que la Generalitat se moje. Es decir, que aporte fondos propios al convenio con la adjudicataria de la infraestructura, Abertis, para permitir el paso de los camiones a un precio más bajo. Y es que Gómez-Pomar señaló que nunca se ha abierto una autopista totalmente por unas obras en una autovía y el Ministerio solo estaría dispuesto a facilitar el tránsito de camiones.

Eso sí, como ya se ha dicho, con una aportación económica por parte de la Generalitat. Y es que, según desveló Fomento a este rotativo, en los nueve tramos de autopistas españolas que se benefician de medidas similares, las comunidades autónomas han colaborado. En cinco, las dos administraciones pagan conjuntamente la apertura, ya sea total o parcial de la carretera de peaje. Y en otras cuatro ocasiones, es la propia comunidad autónoma la que paga íntegramente con sus fondos el desvío del tráfico. Cataluña incluso bonifica el paso de camiones por dos autopistas de titularidad propia.

Rechazo de la Generalitat, que exige las inversiones

Ante esto, la Generalitat muestra su absoluta negativa a aportar fondos. El argumento es que las dos carreteras son de competencia estatal y, como señaló el president, Ximo Puig, el Ejecutivo central «ha dejado de invertir» en los últimos años en la Comunitat al menos «2.000 millones de euros» en infraestructuras. Por eso, señaló, el pago para la apertura podría ser considerado como una «compensación».

Una guerra política que no se hubiera producido si la carretera tuviese tres carriles, como prevé un proyecto que debería estar desde hace cinco años. H