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última fase del proceso de regularización catastral

Hacienda amplía el rastreo de casas ‘fantasma’ en Castellón hasta 2018

En los últimos tres años, el Ministerio ha aflorado casi 17.000 bienes ‘ocultos’ en 44 localidades. Los trabajos para localizar inmuebles que no pagan el IBI se prolongan en 51 municipios de la provincia

 

Panorámica de la ciudad de Benicàssim, una de las 51 localidades de la provincia afectadas por la ampliación del plan de inspección del Ministerio de Hacienda. - GABI UTIEL

ELENA AGUILAR
13/08/2017

El Ministerio de Hacienda se da algo más de tiempo para continuar a la caza de inmuebles sin declarar. La complejidad de las labores de rastreo, el elevado número de municipios a inspeccionar y la dispersión geográfica son algunos de los argumentos del Gobierno para ampliar hasta julio del 2018 el plazo de búsqueda de bienes fantasma en 1.272 municipios de toda España y, entre ellos, en medio centenar de Castellón.

La regularización de bienes en 51 localidades de la provincia, aprobada a finales del pasado año, debía estar lista el próximo mes de noviembre, pero ahora el departamento de Cristóbal Montoro se da de plazo hasta el 31 de julio del 2018. Ocho meses más para cerrar el rastreo de inmuebles sin declarar, como piscinas, naves industriales, ampliaciones de viviendas o invernaderos y que pondrán el foco en localidades como Albocàsser, Alcalà de Xivert, l’Alcora, Benicàssim, Càlig, Cervera del Maestre, Costur, Xodos, Forcall, la Llosa, Montanejos, Onda, la Pobla Tornesa, Sant Mateu, Vall d’Alba, Vilafamés, o Zucaina, por poner solo algunos ejemplos. En total, y según la Resolución del Ministerio, publicada hace tan solo unos días, serán 51 los municipios afectados por la ampliación en la provincia. En julio, y si no hay nuevas prórrogas, se dará por completado un mapa que en el caso de la provincia empezó a elaborarse en junio del 2014. En total, y según Hacienda, se habrán revisado unos 700.000 inmuebles.

La operativa para encontrar inmuebles ilegales es muy sencilla. Hacienda despliega un trabajo de campo que incluye el análisis de fotos aéreas del Instituto Geográfico Nacional que se toman por satélite, mediante cámaras en aviones o a través de drones. Una vez recabado este trabajo de campo, se confronta esta información con la documentación de cada ayuntamiento. Tras esta labor de análisis, cuando se detecta una irregularidad se envía una carta al infractor alertándole del inicio del procedimiento de regularización y dándole un plazo de quince días para alegar. En muchos casos, asegura Hacienda, se trata de contribuyentes que han informado de cambios o ampliaciones en sus inmuebles al ayuntamiento pero no al Catastro.

Junto a la carta, el Ministerio incluye la tasa que tiene que pagar cada contribuyente por los gastos originados por las imágenes tomadas. La cuantía de la tasa de regularización es de 60 euros por cada inmueble regularizado. La resolución se puede recurrir ante el Tribunal Económico Financiero. Si se confirma la multa, al día siguiente se incorporan los inmuebles aflorados a efectos catastrales. Asimismo, se comunica al ayuntamiento la irregularidad para que liquide los años no prescritos (hasta cuatro) y los intereses de demora. También afecta a la imputación de rentas en el IRPF, que deberá reflejar la realidad destapada por Hacienda.

17.000 bienes regularizados //

En Castellón se ha cerrado ya el proceso por el que se han inspeccionados las fincas de 44 municipios de la provincia, entre los que destacan Almassora, Benicarló, Burriana, Castellón, Orpesa o Vinaròs, según la Dirección General del Catastro. Los primeros datos del proceso de regularización han revelado la existencia de 16.975 inmuebles en la provincia que no computaban por sus características reales en la tributación del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI). De esos casi 17.000, 14.273 son urbanos y 2.702, rústicos. Casi la mitad (46,46%) son nuevas construcciones que se ocultaban al fisco, mientras que el 26% son ampliaciones o rehabilitaciones. El 19% corresponden a reformas o cambios de uso y el 7,74% a piscinas no declaradas.