En el año 2013, cuando el Ministerio de Hacienda anunció un plan extraordinario de regularización para detectar bienes inmuebles ocultos por toda España, calculó que en Castellón existían unos 30.000 inmuebles 'fantasma'. Se quedó corto. La realidad ha superado aquella primera cifra inicial y desde junio del 2014, cuando empezaron las inspecciones en la provincia, hasta su finalización, en diciembre del 2018, la Dirección General del Catastro ha descubierto la friolera de 43.292 bienes sin declarar en los 135 municipios de Castellón. O dicho de otra manera: Hacienda ha descubierto irregularidades en el 3% de los algo más de 1.400.000 inmuebles tanto urbanos como rústicos contabilizados en la provincia.
En Castellón han sido casi 43.300 los inmuebles regularizados y en la Comunidad Valenciana, donde se han inspeccionado los 542 municipios existentes, Hacienda ha sacado a la luz 300.252 construcciones 'fantasma', según los datos de la Dirección General del Catastro. En el conjunto nacional, los inspectores han revisado bien con mapas, personal en el terreno o con drones, más de 76,84 millones de inmuebles y han regularizado más de 3 millones. Baleares, Melilla y Extremadura son las comunidades que registran un índice más elevado de irregularidades.
Pero, ¿qué tipo de construcciones que en su día fueron levantadas al margen de la ley ha destapado Hacienda en Castellón? Entre las más comunes destacan casas de apero en el campo reconvertidas en confortables chalés, fincas familiares en la que los hijos han levantado sus viviendas junto a la de sus padres, terrazas cerradas para sumar otra habitación o ganarle unos metros al patio trasero para crear un jardín, una plaza de aparcamiento o una piscina nueva en el jardín son algunos ejemplos de esas actuaciones omitidas a la Administración y que ahora han salido a la luz.
1.900 PISCINAS OCULTAS
De los 43.292 inmuebles regularizados en la provincia desde que empezó el proceso, 34.186 son urbanos, el 78,9%. Otras 9.106 son fincas rústicas. En Castellón, además, hay más de 22.555 construcciones nuevas que no se han notificado (52% del total de las obras regularizadas durante todo este tiempo), y hay otros 10.260 casos de ampliaciones y rehabilitaciones de inmuebles que se han omitido y que, por lo tanto, no tributaban. Las reformas y cambios de uso de las propiedades (algo más de 8.400) y las piscinas (1.904) son otras obras acometidas con asiduidad en la provincia y ejecutadas de espaldas a Hacienda.
El proceso de regularización iniciado por el Gobierno hace más de cuatro años (lo inauguró el exministro Cristóbal Montoro, pero el Ejecutivo socialista ha continuado el ratreo) ha implicado que el inmueble vale más y, por tanto, debe pagar más dinero en concepto de impuesto de bienes inmuebles (IBI), el principal alimento de la mayoría de municipios de la provincia. Hacienda estima que el incremento medio del recibo del padrón del IBI en la provincia ha sido del 1,9% por lo que, sin mover un solo dedo, los ayuntamientos han encontrado un filón presupuestario en las inspecciones de miles de chalés, áticos y fincas rústicas.
Los ayuntamientos se frotan las manos y el incremento en la recaudación ha llegado a través de dos vías: por un lado está la actualización del recibo del IBI y, por otro, la diferencia de los últimos cuatro años entre lo que se cobró y lo que corresponde. Evidentemente, no todas las construcciones afloradas en Castellón tienen el mismo impacto en el bolsillo, ya que el incremento en el IBI depende de cuánto varíe el valor catastral de la propiedad (no es lo mismo levantar una vivienda que poner una piscina).
2,5 MILLONES EN MULTAS
Pero el dinero que ha ingresado la Administración no acaba ahí. A la cantidad que han recaudado los ayuntamientos hay que añadir que la regularización implica una tasa de 60 euros para cubrir los gastos de los servicios realizados, desde la captura de fotos aéreas (drones o satélites) hasta las comprobaciones sobre el terreno. Solo por este concepto los propietarios han abonado en la provincia 2,5 millones de euros.
La Ley del Catastro Inmobiliario obliga a declarar de forma completa y correcta las altas de nuevos inmuebles o las modificaciones realizadas en las ya existentes ya sean económicas, físicas o de titularidad. La normativa contempla, además, multas que oscilan entre los 60 y los 6.000 euros en función de la gravedad de la infracción.
