En el argot se les conoce con el nombre de esqueletos. Son edificios a medio construir. Unos con las paredes ya encaladas. Otros en los que solo dio tiempo a construir la estructura de hormigón. Algunos en los que estaban instalados los baños, las cañerías o la red eléctrica fueron objeto de saqueos o de okupaciones ilegales. Los hay en Moncofa. También en Xilxes. Y en la playa de Almassora. En Castellón, en Vinaròs, en Peñíscola, en Sant Jordi… En todos esos municipios emergen una sucesión de edificios de viviendas inacabadas. Son las cicatrices de la especulación inmobiliaria que a principios de siglo llenó la provincia, y prácticamente toda España, de pisos, adosados y hasta hoteles. A muchos la crisis les pilló a medio hacer. Y ahí siguen. Porque una década después de que estallara la burbuja, los efectos siguen latentes: al menos medio centenar de urbanizaciones a medio construir, decenas de demandas pendientes en los juzgados y también de sentencias imposibles de ejecutar ante la insolvencia de los promotores.

A Moncofa la burbuja le estalló en la cara. En este municipio de 7.000 habitantes se llegaron a proyectar hasta 30.000 viviendas en las que vivirían 120.000 personas. Se construyeron 8.000 y el parón inmobiliario dejó un reguero de edificios a medio construir, calles asfaltadas que desembocan en solares en los que solo hay hierbas, farolas que iluminan aceras vacías… Solo en esta localidad se contabilizan una veintena de edificios a medio construir y otras tantas viviendas por vender. Y eso que en los últimos cuatro años promotores y entidades financieras han dado salida a casi 2.000 apartamentos. "En estos últimos años se ha vendido mucho, aunque eso sí, a costa de bajar precios. Se han llegado a comercializar apartamentos por 30.000 euros", explica el alcalde, Wenceslao Alós.

El grueso de esos esqueletos son propiedad de Sareb, la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria, más conocida como el banco malo. En el 2012 recibió el encargo de vender 200.000 activos inmobiliarios valorados en 50.000 millones de euros, entre los que se incluía toda una retahíla de promociones que las constructoras no pudieron acabar por falta de liquidez y que acabaron intoxicando el balance de los bancos. «Estamos acabando algunos inmuebles, fundamentalmente viviendas que recibimos sin terminar y sobre las que se ha detectado un interés comercial. En Castellón estamos terminando seis promociones con 131 viviendas», dicen desde la entidad.

UNA SOLUCIÓN COMPLEJA

Aunque la Sareb impulsa seis promociones en Castellón que llevan años sin acabar, el grueso de los esqueletos sigue en stanb-by. Las viviendas finalizadas se van vendiendo, pero encontrar una salida a los edificios a medio construir es mucho más complicado. De momento ningún inversor está dispuesto a comprar la obra y acabarla y no se atisba una salida ni para esas urbanizaciones ni para los vecinos que sufren el vandalismo del que son objeto y la inseguridad que generan. Es el caso, por ejemplo, del grueso de las obras paradas en Moncofa, pero también de nueve construcciones en Almassora (adosados en la playa y varios edificios con viviendas en el casco urbano); al menos tres urbanizaciones en Castellón (dos en Sensal y otra en la calle María Rosa Molás); dos bloques de apartamentos en Peñíscola; cuatro en Vinaròs (residencial Park Plaza, en la avenida Gil de Atrocillo) y uno en Orpesa. En Panorámica Golf, en Sant Jordi, hay un hotel a medio construir y cuyas obras también llevan años estancadas.

Diez años después del estallido de la crisis los efectos aún perduran, pero los alcaldes son optimistas. «Confiamos en que a medio plazo esos edificios se acabarán, aunque hoy por hoy la única obra nueva que se hace en Moncofa son unifamiliares", asegura Wenceslao Alós. Donde también se muestran confiados es en Almassora, donde desde el departamento municipal de Urbanismo «existen indicios de que la mayoría van a volver a activarse» con la recuperación económica.

Muchas heridas están abiertas y en los juzgados hay todavía decenas de casos sin resolver. Desde el 2008 al 2013 se contabilizan en Castellón una media de 400 procesos concursales al año y desaparecieron un tercio de las empresas de la construcción. «Algunos de esos procesos todavía siguen abiertos y el Juzgado de lo Mercantil se saturó», cuenta Alfredo García Petit, director de Alfredo-Petit Abogados. La mayoría de esos concursos acabaron en liquidaciones y la quiebra de la promotora acabó arrastrando a las compañías auxiliares, desde electricistas a fontaneros.

CON UNA SENTENCIA y SIN DINERO

Decenas de empresas se quedaron por el camino y hay familias que todavía no han recuperado el dinero que invirtieron tras la compra de la que debería haber sido su segunda residencia. Dieron una entrada pero les pilló la crisis y se quedaron sin ahorros ni vivienda. La mayoría reclamó ante los tribunales y ganó, pero no pudo obtener la devolución de las cantidades desembolsadas porque el constructor se declaró insolvente. Muchos siguen ahora otra estrategia. «La ley 57/ 1958 y la sentencia dictada en diciembre por el Tribunal Supremo sirve de base para que estos consumidores puedan reclamar a las entidades de crédito el total de las cantidades anticipadas por estos e ingresadas en la cuenta que el promotor tenía abierta en dicha entidad», explica Ramiro Navarro, de Ramiro Navarro Abogados. «Los reclamantes tienen altas posibilidades de recuperar su dinero, pero peleando todos los asaltos judiciales pues la banca trata de dilatar el momento de pagar», sentencia el letrado.