El portavoz de Economía del PP, Rubén Ibáñez, ha pasado por alto cualquier conocimiento de economía financiera en relación a este asunto para denunciar que el Instituto Valenciano de Finanzas no había ejecutado las garantías mobiliarias e inmobiliarias del crédito de Zeta. Ibáñez ha querido ignorar así premeditadamente que fue el IVF en el año 2009 (bajo la presidencia en la Generalitat de su exjefe de filas, Francisco Camps) quien aceptó sindicar la deuda que tenía pendiente con Zeta en una operación en la que perdió todas las garantías en favor de un pool bancario en el que obtuvo una participación minoritaria.

Zeta y sus filiales, como Pecsa --editora de Mediterráneo--, suscribieron un crédito sindicado de 232 millones que tuvo como finalidad la cancelación de la deuda preexistente y la necesidad de financiación corporativa del grupo de Antonio Asensio. El portavoz popular ha hecho suyas incluso informaciones de prensa digital sin contrastar sobre una supuesta revalorización de acciones que no ha existido porque no ha habido mecanismo para ello, ni ha podido citar ninguna fuente de ningún tipo.