El secretario autonómico de Inclusión y de la Agencia Valenciana de la Igualdad, Alberto Ibáñez, ha denunciado que el Estado no está asumiendo la parte que le corresponde en la financiación de los servicios sociales, con una aportación que no llega al 10 por ciento, mientras que el Gobierno Valenciano se está haciendo cargo de este coste (aportando un 9.5%), junto con la ayuda de las administraciones locales.

Ésta fue una de las denuncias expuestas en el Consejo Territorial de Servicios Sociales y Dependencia, celebrado la semana pasada en Madrid, y al que acudió la Consellería de Igualdad y Políticas Inclusivas, formado por Ibáñez, la secretaria autonómica de Servicios Sociales y Autonomía Personal, Sandra Casas, y la directora general de Servicios Sociales, Mercé Martínez.

El secretario autonómico ha explicado que con la crisis el Gobierno central “recortó” la aportación que hacía al Plan Concertado, encargado de la financiación de los servicios sociales, y que establecía que éstos fueran financiados a partes iguales por el Estado, las autonomías y los municipios.

Ibáñez también ha exigido al Gobierno central un cambio en los criterios que se siguen hasta ahora para el reparto de la financiación estatal destinada a los servicios sociales para que se haga “en base a un criterio poblacional que tenga en cuenta la dispersión geográfica, el envejecimiento y la tasa de pobreza”.

El secretario autonómico ha apuntado que la “infrafinanciación” a la que tiene sometida el Gobierno central a la Comunitat afecta tanto a los servicios sociales, como a otros temas más concretos, como el apoyo a los programas destinados al pueblo gitano, donde sólo destina 44.000 euros frente a los 900.000 que aporta la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas.

La delegación valenciana solicitó que las valoraciones que se hacen desde las comunidades autónomas para repartir entre el tercer sector las aportaciones del IRPF para cuestiones sociales tengan carácter vinculante H