La cúpula del Ministerio de Vivienda que presidía Beatriz Corredor durante el gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero tendrá que comparecer ante el juez como imputada por delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos en relación al contrato de publicidad con la agencia Crespo Gomar, con el que pudo financiarse el PSPV.

Según el auto dictado ayer, al que ha tenido acceso Mediterráneo, la titular del Juzgado de Instrucción número 24 de Madrid, María de las Mercedes Pérez ha imputado, de hecho, al antiguo subsecretario del Ministerio de Vivienda Marcos Vaquer y a Nicolás Mateos, que fue jefe de Gabinete de la ministra socialista; así como a los cargos Eva María Cuesta Cano e Irene Domínguez-Alcahuz, junto a cinco funcionarios más del ministerio.

convocados el día 21 // La jueza tomó esta decisión en la misma jornada en la que estaban citados a declarar, también como investigados, tres miembros de la mesa de contratación que adjudicó el mencionado contrato. En el auto, en el que convoca para que acudan al juzgado el día 21 a Vaquer, Mateos, Cuesta y Domínguez-Alcahuz, se constatan «irregularidades» en la adjudicación de un contrato de publicidad institucional del Plan Vivienda 2009-2012 por 126.208 euros a la empresa Crespo Gomar en el año 2009. Esta misma semana se ha conocido un informe de la Intervención General del Estado, requerido precisamente por este tribunal, en el que se señalan diversas irregularidades «graves» en esa adjudicación concreta.

Esta es la segunda vez que un juez de Madrid imputa a antiguos altos cargos de un ministerio socialista en el marco de la investigación de la adjudicación de diferentes contratos que pudieron servir para la financiación irregular de las campañas electorales del PSPV en el 2007.

En otro juzgado de la capital están imputadas dos exaltos cargos del exministro de Sanidad Bernat Soria: la valenciana Etelvina Andreu, antigua directora general de Consumo, y Consuelo Sánchez Naranjo, exsubsecretaria de Sanidad y Consumo, citadas también el día 21 por otro contrato de publicidad del año 2008.

En relación al contrato del Plan Vivienda de 2009, la juez María de las Mercedes Pérez señala en su auto que Vaquer fue quien firmó el contrato y el certificado de conformidad con la factura, y que Mateos «redactó o firmó» el pliego de prescripciones técnicas para la campaña de publicidad y «la declaración de urgencia» del procedimiento. La jueza emplaza para el 30 de mayo a otros cinco imputados: Eva S. que realizó la valoración técnica del proyecto junto a Beatriz T. (también imputada pero a quien aún no ha llamado a declarar); Pedro P., Rita L. y Andres L., quienes también asistieron a varias juntas.

La jueza tomó además ayer declaración a tres funcionarios que también formaban parte de la Mesa de Contratación, quienes defendieron la legalidad del proceso, así como negaron irregularidades sustanciales en el mismo y las achacaron, en su caso, a fallos de corrección, según informaron fuentes jurídicas.