Los sindicatos piden la readmisión de los 17 trabajadores del Hospital Provincial despedidos y sostienen que «no se puede sacar el talonario para destruir puestos de trabajo». Así se pronunció ayer el responsable de Sanidad de CCOO, Amalio Palacios, entre otros representantes, en referencia a la decisión judicial que ha declarado improcedentes siete de los ceses y uno, nulo.

Sanidad debería pagar, según estiman los sindicatos, más de 250.000 euros por los siete despidos improcedentes, en caso de que la Conselleria se decantara por la opción de indemnizar y no la de readmitir a los trabajadores (la jueza dio al centro ambas opciones). Y es que Sanidad reconoció el martes in extremis la improcedencia de los ceses de los siete trabajadores, justo antes de que se celebrara el juicio por estos hechos en el Juzgado de lo Social número 2 de Castellón, como ya publicó este periódico.

«No se puede jugar con el dinero público», aseveró ayer Palacios, quien tildó el proceso de «irregular» y sostuvo que la plantilla «ha estado engañada y sometida a un baile de disfraces en el Provincial». Vicente Navarro, de CSIF, se pronunció en la misma línea y se mostró «en contra de las purgas del Provincial» y apostó por «readmitir y punto final».

«La Conselleria se juega dinero público, que no es suyo, y le importa un comino que lo paguemos entre todos», criticó Navarro en referencia a una posible indemnización millonaria.

Por su parte, Adela Ferrando, de SATSE, reivindicó que «se proteja al trabajador» y sostuvo «no queremos que se despida a nadie ».

Por lo que respecta la consellera de Sanidad, Carmen Montón, CCOO apuntó ayer que, tanto la máxima responsable de Sanidad, como la dirección del consorcio, «deben asumir la responsabilidad de haber despedido a gente al margen de la reglamentación ». Palacios sostuvo que «no vale con que dimita solo el director económico», que ya cesó en el cargo.

EL DIRECTOR GERENTE / El director gerente del hospital, Joaquín Sanchís, mostró ayer su respeto a la decisión judicial, aunque defendió el ajuste de los contratos irregulares. Aseguró que el Provincial arrastraba «un problema heredado de la última década».

El gerente indicó que había 124 contrataciones irregulares en fraude de ley en 2014 y que el Tribunal de Arbitraje Laboral instó a la anterior dirección a resolver este problema y «se le dio un plazo de seis meses que no cumplió». En este sentido, apuntó que «ha sido esta dirección quien ha regularizado la situación», aseguró Sanchís, quien detalló que 17 de esos contratos «no tenían justificación para ser considerados estructurales y cuando finalizaron no se prorrogaron», explicó el directivo del Provincial.

En referencia a las personas despedidas dijo que «tienen derechos legítimos de reclamación».

Desde el centro hospitalario incidieron en que la sentencia no es firme y que están estudiando si interponer recurso. También se está analizando si indemnizar a los despedidos o readmitirlos.