Más de 6.000 castellonenses se han acogido al Ingreso Mínimo Vital (IMV), una renta dirigida a núcleos familiares en riesgo de pobreza que estableció el Gobierno el pasado 15 de junio, aunque estos expedientes están en diversos grados de ejecución. Según los últimos datos facilitados por la Subdelegación, a la ayuda podrían tener acceso cerca de 11.000 hogares de la provincia.
El secretario general de UGT en Castellón, Paco Sacacia, señaló además que el primer pago del IMV «solo ha llegado a cerca del 10% de los castellonenses que lo tienen reconocido, por la complejidad de la documentación y el retraso en la gestión», y propone como solución la «colaboración directa entre el Instituto Nacional de la Seguridad Social y Servicios Sociales del Ayuntamiento».
Algunos de los solicitantes denuncian el «fallo en la plataforma web» a la hora de realizar el trámite y la «escasa atención» en los Centros de Atención e Información de la Seguridad Social (Caiss) de la provincia --los únicos que gestionan la ayuda--, con instalaciones en Castelló, Burriana, Morella, Nules, Segorbe, Vila-real, la Vall d’Uixó y Vinaròs.
TRABAS ADMINISTRATIVAS
El caso de Olga Pérez es compartido por varios de los signatarios preguntados por Mediterráneo. Pérez señaló las «trabas» a las que tuvo que hacer frente un familiar --residente en Vinaròs-- a la hora de pedir el IMV. «Yo estaba con él, hizo paso a paso el trámite en la web, con la documentación revisada, y cuando le saltó el número de identificación, se bloqueó todo. Así durante varios intentos, y cuando llamó le dijeron que no era recuperable y que tenía que empezar de cero».
Todo ello tras acudir al centro Caiss de Vinaròs y «negarle la asistencia, mandándole a las instalaciones de Castelló», manifestó. Varios de los allí presentes coincidían en que el portal web solo funciona correctamente a partir de las doce de la noche, por lo que «resulta complicado pedir cita previa, y solo te atienden presencialmente a través de ella».
Cabe recordar que los sindicatos llevan semanas alertando de la «avalancha» de peticiones recibidas y del «colapso administrativo en los centros Caiss», y exigen «un refuerzo de la plantilla».
