La puesta en marcha del ingreso mínimo vital por parte del Gobierno permitirá la erradicación de la pobreza en alrededor de 11.000 familias de Castellón (100.000 en toda la Comunitat Valenciana), según las estimaciones de la Conselleria de Hacienda, a partir de los datos disponibles del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, y atendiendo a la tasa de pobreza de la Comunitat Valenciana en relación al conjunto del país.
La crisis sanitaria del coronavirus ha hecho estragos en miles de hogares de la provincia ante la pérdida de empleos y la aplicación de expedientes de regulación temporal en numerosas empresas. Castellonenses que nunca habían tenido que recurrir a ayudas sociales, hacen ahora cola para poder comer. Para quienes ya no llegaban a fin de mes, la situación ahora es dramática.
Organizaciones sin ánimo de lucro como Cruz Roja y Cáritas multiplican esfuerzos desde que se inició la pandemia para echar una mano a quienes más lo necesitan. Y es que en Castellón hay aproximadamente 122.000 personas en riesgo de pobreza o exclusión social, lo que supone un 20,1% de su población (12,3 millones en España, el 26,1%). Dicho de otra forma, dos de cada diez castellonenses se encuentran en una situación económica y social muy vulnerable.
DE 462 A 1.015 EUROS / El ingreso mínimo vital, concebido como un «escudo social» ante la pandemia y aprobado en el Consejo de Ministros extraordinario del viernes, aliviará el sufrimiento de muchas familias y será de entre 462 y 1.015 euros al mes por hogar (contarán los menores a cargo). Esta será la primera renta mínima estatal en España, que complementarán las autonómicas que ya conceden.
En este sentido se pronunció ayer el síndic del PSPV en Les Corts, Manolo Mata, quien aseguró que el ingreso mínimo vital se va a implantar en la Comunitat evitando duplicidades con la renta valenciana de inclusión. «La Comunitat ha sido vanguardia y una de las primeras en poner en práctica un ingreso de estas características. Gracias a nuestra experiencia en este tipo de ingresos, tenemos garantías que nos ponen en primera línea», dijo.
El Gobierno ha habilitado un gasto anual de algo más de 3.000 millones de euros y su intención es comenzar a efectuar los primeros pagos en el mes de junio, como anunció el Ejecutivo.
