El president de la Generalitat, Ximo Puig, anunció que el Consell deberá hacer frente al pago de 4,8 millones de euros derivados de pagos aplazados «ilegales» del anterior gobierno del PP en la adjudicación de contratos del TRAM de Castelló el año 2009. Durante la sesión de control de ayer, Puig sacó a relucir esta sentencia cuando la síndica del PP, Isabel Bonig, insistió en el discurso de los «enchufes y recortes» del actual ejecutivo.
Puig lamentó que esta sentencia obligará al Consell a aprobar una «ampliación extraordinaria de crédito» para hacer frente al pago de esta cantidad, lo que desde la Generalitat consideraron como «más ruina en diferido para los valencianos», que lo asumirán en los nuevos presupuestos del 2020. «Un día hablaremos de quién ha estado más enchufado a lo largo de la historia», espetó el máximo responsable del gobierno valenciano a Bonig en Les Corts. Desde la Generalitat recordaron que el 2011 Bonig, siendo consellera de Infraestructuras, «se negó a modificar» la previsión de pagos aplazados cuando este método de financiación de obras públicas ya estaba en los tribunales.
El pago al que se refería el president hace referencia a una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) de junio de 2019, que se pronunció tras una demanda de la empresa adjudicataria del contrato de construcción de los tramos de las calles Columbretes-Camí Serradal del TRAM.
El departamento autonómico puso en marcha esta licitación el 2009 por valor de 28,9 millones de euros en régimen de pago aplazado entre 2011 y 2016. Posteriormente fue adjudicada a la UTE formada por FCC y Becsa por 27,2 millones de euros, por un plazo inicial previsto en año y medio desde marzo de 2010.
Finalmente, el coste para la Generalitat fue de cerca de 40 millones de euros (IVA incluido), una vez acabadas las obras en febrero de 2015 y aprobada tanto su liquidación como su certificación total («con excesos» según el gobierno valenciano). Ese año, la adjudicataria reclamó los cerca de 4,8 millones en concepto de intereses de demora y el pasado junio el TSJCV dio la razón a las firmas y obligó a la Generalitat a pagar esta cantidad.
MÁS CASOS
Según el Consell, son varias las empresas que han acudido a los tribunales para denunciar la fórmula de pagos aplazados utilizada por el PP y han ganado juicios contra la administración desde que el Constitucional considerara ilegal «cualquier previsión que estableciera unos plazos de pago y unos intereses de demorar contrarios a los fijados en la legislación estatal básica en materia de contratación pública».
Con todo, desde el Consell de Puig denunciaron que «la magnífica gestión del PP solo ha supuesto para el erario público diferir el pago de la mayor parte de una obra cuya ejecución se realizó en su práctica totalidad entre 2010 y 2016» y criticaron tener que hacerse cargo de «unos elevadísimos intereses de demora».
