Las advertencias de ilegalidad de los órganos fiscalizadores de los ayuntamientos no constituyen en algunos casos argumento suficiente para que la alcaldía o el gobierno local de turno desista de tomar una decisión. Es más, adoptar un acuerdo pese a los reparos de la Intervención es más común de lo que podría parecer en la Administración Local.
Así lo revela el último informe del Tribunal de Cuentas relativo al sector público local y referido al ejercicio del 2017 que señala a la Comunitat Valenciana como una de las autonomías que más acuerdos y dinero gastó con los informes técnicos en contra, y en el que también sobresalen los reparos de intervención al gasto en 118 municipios de la provincia de Castellón.
La supervisión hecha por el Tribunal de Cuentas cifra en 328 millones el importe de los acuerdos alcanzados por los ayuntamientos de la Comunitat Valenciana pese a la existencia de reparos técnicos. Por volumen de dinero gastado, la valenciana se sitúa como la tercera autonomía. A la cabeza se sitúa Andalucía, con 627 millones de euros, seguida de Canarias con 410 millones.
Sin embargo, la Comunitat Valenciana escala posiciones y se sitúa en el segundo lugar si lo que se analiza es el número de acuerdos contrarios a reparos: 6.336 acuerdos. Solo le supera Andalucía con 923 decisiones sin aval técnico. Esta cifra supone que el 14 % de todos los acuerdos con reparo han sido tomados en territorio valenciano.
FUNCIONES
La cifra es significativa y revela una práctica preocupante y que carece de la repercusión que sí tendría en el ámbito de la Administración de la Generalitat valenciana. Cabe apuntar que la función de la Intervención municipal es fundamental para que los acuerdos se ajusten a la legalidad y para prevenir malas prácticas y corrupción. Los puestos de Intervención están cubiertos por funcionarios y funcionarias con habilitación estatal. Su función es fiscalizar las cuentas y velar por que los acuerdos municipales cumplan los requisitos legales. El correcto destino de los fondos entra también dentro de sus competencias, una labor que comparten con Tesorería. Ocurre, sin embargo, que a veces no son tenidos en cuenta.
Los controles se burlan, además, de otra manera, en el ámbito local, según queda constancia en el informe del Tribunal de Cuentas. De hecho, ese ejercicio se contabilizaron más de 12.370 expedientes en toda España adoptados con omisión de la fiscalización previa. Se trata de un trámite obligatorio que no se cumplió con 1.018 expedientes en el ámbito de la Administración Local valenciana. La suma total de estos acuerdos supuso un gasto de 60 millones, el 14 % de todo el gasto no auditado en España.
Con todo, no sólo hay reveses para la gestión municipal en la Comunitat. En términos generales, los ayuntamientos han sido cumplidores en su obligación de rendir cuentas. Con fecha de diciembre del 2018, prácticamente la totalidad de los consistorios locales había cumplido con su obligación de rendir cuentas ante su órgano fiscalizador, la Sindicatura de Comptes. Así, de un censo de 610 entidades obligadas a entregar sus cuentas, un total de 405, es decir el 66 %, lo hicieron en plazo, mientras que el resto hasta alcanzar los 577 lo hicieron antes de diciembre de 2018. El retraso medio en la rendición se sitúo en 23 días, por debajo de la media nacional, con 30 días.
MEDIDAS
El propio Tribunal de Cuentas destaca el caso especial de la Comunitat Valenciana por sus altos niveles de cumplimiento. Además, elevó en dos puntos porcentuales su rendición la pasar del 92 % del 2016 al 94 % relativo al año 2017. El informe hace mención al hecho de que en varias comunidades, entre ellas la valenciana, se regularon medidas que condicionaban la concesión de subvenciones al cumplimiento de la obligación de rendir cuentas o que se vincula el incumplimiento a una posible retención de pagos. «La efectividad de este tipo de medidas se revela en el impacto inmediato que tiene en los índices de redención que se produce cuando las mismas se aplican», apunta el informe.
Por otro lado, el documento ofrece datos globales sobre cómo los ayuntamientos gestionaron sus presupuestos. Los más de 542 consistorios y otras entidades locales manejaron cuentas por valor de 5.217 millones de euros. Dejaron facturas por pagar por valor de 477. En cuanto al resultado presupuestario, las cuentas agregadas apuntan a un superávit por total de 801 millones.
