Las elecciones generales fueron el 28 de abril y el presidente firmó la disolución de las Cortes el 4 de marzo. Desde entonces, y tras dos campañas electorales y dos citas con las urnas, el Parlamento apenas ha registrado actividad política. Hay decenas de leyes y proyectos atascados y lo que ya está claro es que la falta de Gobierno afectará al bolsillo de miles de ciudadanos. Y quienes más se verán perjudicados serán los pensionistas y los empleados públicos, dos colectivos con más cada vez más peso en Castellón.

Solo en los últimos nueve meses, el número de pensiones que abona la Seguridad social en la provincia ha aumentado otro 1%, al pasar de las 130.069 de septiembre del 2018 a las 131.413 del pasado junio. O lo que es lo mismo: cada mes que pasa Castellón suma casi 150 nuevas. Y la tendencia al alza continuará, dado que en 2050 los expertos estiman que habrá 76 personas mayores de 65 años por cada 100 ciudadanos de entre 20 y 65.

El incremento de la cifra de personas que viven de una pensión (jubilados, viudos y quienes reciben una paga por incapacidad) no es exclusivo del último año, pero lo que la estadística demuestra es que la tendencia se ha acelerado en el último lustro. En apenas cinco años el peso de los pensionistas ha aumentado un 5%, al pasar de los 123.985 del 2013 a los algo más de 131.000 de ahora. Si se comparan los datos de este años con los de hace una década, la diferencia todavía resulta más abismal: casi 16.000 nuevas pensiones en Castellón.

Los funcionarios también son cada vez más. Tras los recortes durante la crisis, el sector público se ha convertido en la provincia en uno de los motores del mercado laboral y en estos momentos ya se contabilizan en Castellón 29.828 empleados públicos, un 6,2,% más que un año antes, cuando eran 28.073.