El Juzgado de Instrucción número 1 de Castellón, encargado del llamado Caso Subdelegación, ha solicitado a la institución, a través de una reciente providencia, todos los expedientes económico-administrativos correspondientes a los gastos por procesos electorales llevados a cabo en dicho ente gestor desde el 2007 hasta el 2016, así como también toda la documentación de los anticipos de cajas fijas de dicho periodo.
El órgano instructor ha dado un plazo de 20 días a la institución para aportar la documental que deberá evaluar la perito designada por la Justicia para cuantificar hasta dónde llega el presunto desfalco destapado.
La encargada de tan árdua labor es una interventora de la Delegación de Economía y Hacienda de Aragón, según ha podido saber este periódico.
Cabe recordar que en el marco del Caso Subdelegación hay 34 personas investigadas entre funcionarios, pequeños empresarios de la provincia y los subdelegados del Gobierno David Barelles (PP) y Antonio Lorenzo (PSOE). El juzgado investiga posibles delitos de falsedad documental y malversación de caudales públicos y la causa de ha declarado compleja y su instrucción puede dilatarse hasta finales del próximo 2020.
Como avanzó en exclusiva Mediterráneo el pasado febrero, bajo el mandato en la Subdelegación de Lorenzo, hubo, según concluyó la investigación policial, un posible mal uso del dinero del Estado destinado a elecciones.
Entre 2007 y 2011 los investigadores vieron indicios de presuntas irregularidades en la gestión de la partida dedicada a procesos electorales, que únicamente permite invertir dicho presupuesto en cuestiones que estén estrictamente vinculadas a los comicios y que, además, obliga a devolver el remanente a los diferentes ministerios. Supuestamente, más de una veintena de autónomos de Castellón emitieron facturas por servicios relacionados con las elecciones que en realidad nunca se prestaron.
Un simple ejemplo: la Subdelegación facturó reparaciones y servicios fantasma para el almacén electoral, tales como reparaciones de una alarma que en realidad nunca existió. Algunos empresarios reconocieron que, a petición del entonces habilitado de gastos, falseaban facturas.
Los subdelegados se desvinculan y señalan al tesorero
Los exsubdelegados David Barelles y Antonio Lorenzo declararon como investigados antes del verano y ambos se desvincularon de los hechos. «He contestado a todas las preguntas», explicó Barelles, quien no quiso entrar a valorar la operativa delincuencial detectada en la institución y rehusó hacer declaraciones más allá de indicar: «Confío en que todo se cierre pronto y que salgamos de esta maraña». Por su parte, Lorenzo fue mucho más explícito, mantuvo su «honorabilidad» y dijo sentirse «defraudado» por los funcionarios sobre quienes se centra la investigación judicial.
