La titular del Juzgado de Instrucción número 4 de Castellón considera que existen indicios de la comisión de hechos delictivos por parte del exvicepresidente primero de la Diputación de Castellón Francisco Martínez, puesto de acuerdo con su hija y el empresario Raúl Babiloni, «con la creación de las empresas Prodever SL, Franvaltur SL y Gestintur SL, y la adquisición de fincas relacionadas con programas de actuación urbanística de los que tenía conocimiento como primer edil de Vall d’Alba». Así lo detalla el auto que desestima el recurso de reforma presentado por los investigados contra el auto de incoación de procedimiento abreviado (dictado el pasado octubre), previo a la apertura del juicio oral, al que ha tenido acceso Mediterráneo.

La magistrada cree que Martínez, su hija y Babiloni «ejecutaron una trama» para «obtener un beneficio económico ilícito». Y considera que «no se concibe otra finalidad de los actos realizados por los investigados, quienes tenían la intención de obtener una importante revalorización y vender las fincas al promotor urbanístico o reservarlas a nombre de las sociedades para cuando los programas se ejecutaran».

INFORMACIÓN PRIVILEGIADA // Frente a la falta de motivación esgrimida por los investigados para recurrir el auto, la juez concreta «la información privilegiada» con la cual se llevan a cabo las operaciones. Se trata de la «derivada de los desarrollos urbanísticos de los nuevos sectores Pla de l’Arc, Mas de Lluna y ampliación del casco urbano del Plan General, de los que Martínez tenía conocimiento como alcalde, al igual que conocía los acuerdos aprobados por la junta de gobierno».

La magistrada tampoco aprecia la prescripción de los hechos --presuntamente ocurridos entre el 2005 y el 2014 --que alegaba la defensa de Martínez, al considera que se trata de un delito continuado, comienza el cómputo en el 2014 y no han prescrito.