La justicia pisa los talones a Francisco Martínez. Cuando todavía no ha salido la sentencia del juicio sobre la depuradora de Borriol, en el que la Fiscalía solicitó una pena de 4 años de prisión para el exvicepresidente primero de la Diputación, el también exalcalde de Vall d’Alba tendrá que declarar en las próximas semanas como investigado (antes imputado) en otra causa judicial, como ya publicó Mediterráneo. El Juzgado de Instrucción número 4 de Castellón tiene abierta una causa por los delitos de fraude y exacciones ilegales. Se denomina así la conducta del sujeto activo (funcionario) que con abuso del ejercicio de su función, obtiene un lucro ilícito, exigiendo directa o indirectamente derechos, tarifas por aranceles o minutas que no sean debidos, o en cuantía mayor de la señalada.

En la causa hay cuatro personas investigadas: el exvicepresidente primero de la Diputación, sus dos hijos, y el empresario y socio de Martínez Raúl Babiloni.

El procedimiento, como confirmaron fuentes del TSJCV, se inicia a partir de una querella de la Fiscalía presentada el 10 de enero. Investiga la actividad de cuatro empresas del exdiputado provincial, en algunas de las cuales también figuran sus hijos.

Cabe recordar que el fiscal del juicio sobre la depuradora de Borriol avanzó en el transcurso de su escrito de conclusiones que “hay otra investigación judicial abierta, origen de la presente actuación”, a tenor de las actividades de las mercantiles de Martínez. Está relacionado con la gestión urbanística de Vall d’Alba.

Y es que los socialistas de Vall d’Alba entregaron, en febrero del 2015, a la Fiscalía diversa documentación para que se añadiera a la investigación abierta para determinar la vinculación de las empresas y sociedades del exalcalde de Vall d’Alba con la actividad urbanística de la localidad.

El PSPV considera que Martínez “pudo hacer uso en beneficio propio de su cargo (entonces) como alcalde y vicepresidente de Diputación” y criticaron que “era propietario en Vall d’Alba de 18 inmuebles y un millón de m2 en fincas, con el único sueldo conocido de diputado provincial”. H