El secretario autonómico de Empleo, Enric Nomdedéu, y el portavoz de Compromís per Castelló, Ignasi Garcia, comparecieron ayer para denunciar que el juzgado de Primera Instancia Número 5 de Castellón «ha dado orden de embargo de las cuentas del PP local de Castellón», porque «aún no ha pagado las costas a las que fue condenado en mayo a través de la sentencia que dictó el juez en el procedimiento iniciado por los populares contra mi persona», explicó Nomdedéu. «Debían pensar que mi abogado es Feria Valencia y que podían hacer un simpa, pero no, y por eso mi abogado las ha tenido que reclamar judicialmente», reiteró el secretario autonómico de Empleo. El importe reclamado es de 2.246,24 euros en concepto principal, más otros 673,87 debido a los intereses.

Este juicio tiene su origen en una demanda civil interpuesta por los populares por las declaraciones que, el que fuera vicealcalde de Castellón, realizó en un acto público en el Real Casino Antiguo en octubre del 2015 al acusar al PP de extorsionar a empresas. El juez dictó sentencia absolutoria para Nomdedéu y condenó al PP de Castellón a pagar las costas judiciales del procedimiento.

«Todo esto forma parte de una estrategia para coartar la libertad de expresión de aquellos que estamos explicando los cambios que hacemos y cómo era su mala gestión dentro de su táctica de amnesia colectiva», indicó Garcia. «Esta forma de actuar no solo la usaron contra Nomdedéu, ya que Begoña Carrasco amenazó de querellarse contra mí por decir que el tercer hilo del corredor mediterráneo era una estafa y Pérez Macián también nos amenazó con una posible querella contra los grupos que votamos a favor del dictamen de la comisión de investigación de fiestas», dijo.

La versión del PP

Tras las acusaciones, desde la junta local del PP de la capital afirman que «no hay ningún embargo en las cuentas del PP de Castellón». Atribuyen el impago a «un error de notificación» y anuncian que en cuanto su abogada lo verifique procederán «a subsanar el pago de las costas». «En ningún caso existe, ni ha existido nunca, intencionalidad de no pagar», subrayan. «Nos parece lamentable hacer de un tema administrativo una cuestión política», concluyen.