La titular del juzgado de lo contencioso administrativo número 1 de Castellón, Milagros León, aceptó la medida cautelarísima presentada por Abogados Cristianos para paralizar el proceso de retirada de la Cruz de los Caídos del parque Ribalta. La jueza hizo ayer público un auto en el que dispone «la suspensión de la partida presupuestaria» de 80.000 euros prevista para quitar este símbolo y para remodelar el área verde «hasta que exista resolución definitiva». Sin embargo, la concejala de Cultura de la capital, Verònica Ruiz, negó que esta decisión judicial afecte al proceso, que se inició el pasado sábado con la publicación en el Boletín Oficial de la Provincia del decreto.

Ruiz explicó al diario Mediterráneo que el Ayuntamiento alegará la resolución en el plazo de tres días concedido por el juzgado y, pese a que no quiso dar detalles sobre el argumentario, sí afirmó que la cautelarísima se refiere en todo momento a la suspensión de la partida presupuestaria, mientras que el decreto que firmó ella va en la dirección de «dar cumplimiento a la ley de memoria histórica de la Comunitat».

PERJUICIO // En cuanto al auto, la magistrada procedió a estimar el recurso presentado por Abogados Cristianos para suspender la retirada de la cruz del Ribalta porque considera que de no hacerlo «perdería objeto el procedimiento ordinario» presentado por la misma asociación y que se encuentra «en trámite» en el mismo juzgado. Además, añadió que se produciría un «perjuicio» para «quienes pretenden el mantenimiento de dicho símbolo en un sitio emblemático de la ciudad».

A diferencia de Ruiz, la presidenta de Abogados Cristianos, Polonia Castellanos, sí interpretó que la resolución judicial paraliza el proceso de supresión de la cruz de la vía pública. Además, se mostró optimista en cuanto al resultado del contencioso, pues opinó que «no se trata de un símbolo político» y añadió que existe jurisprudencia que les da la razón en casos similares, y puso como ejemplo una cruz de Vigo.