Horas antes de iniciar su Seminari d’Hivern en Benicarló, el Ejecutivo valenciano, reunido en sesión plenaria en Vinaròs, dio luz verde al anteproyecto de ley de la función pública Valenciana elaborado por la Conselleria de Justicia. Se trata de un esperado trámite normativo que abre la puerta a elevar el sueldo a 1.500 funcionarias y acabar con la discriminación del colectivo.
La vía se lo plantea porque el texto contempla las recomendaciones sobre igualdad entre hombres y mujeres recogidas en el llamado Libro Violeta de la Función Pública Valenciana, elaborado por representantes del mundo universitario y expertos en perspectiva de género, según informó la consellera Gabriela Bravo tras la reunión. Añadió que este anteproyecto quiere solventar los problemas detectados por la comisión de expertos conformada en marzo del 2016.
También esta ley, según Bravo, responde a la necesidad de modernizar la administración adaptada al siglo XXI, con pretensiones de «permanencia», y para ello se buscará el consenso de todas las formaciones representadas en Les Corts y se abrirá una negociación con los representantes sindicales. El anteproyecto se estructura en varios ámbitos de actuación que afectan a la organización de la administración de la Generalitat: el régimen para el personal de las administraciones públicas; la estructura y ordenación del empleo público; el acceso a la función pública; los derechos y deberes de las plantillas; la provisión de puestos y movilidad de los trabajadores, del mismo modo que las políticas para garantizar la igualdad de sexos.
órgano colegiado // Se creará además la Comissió Intersectorial de l’Ocupació Pública, que será un órgano colegiado de coordinación entre la Conselleria competente en función pública y los órganos gestores del personal de Sanidad, Educación y Justicia, así como del conjunto del sector público instrumental del ámbito de la Generalitat valenciana.
