El juzgado de lo contencioso administrativo de Castellón ha admitido a trámite el recurso interpuesto por la diputada provincial, Elena Vicente-Ruiz, en condición de vocal del Consejo de Gobierno del Consorcio del Hospital Provincial, para tratar de evitar los despidos perpetrados contra 17 trabajadores del centro. En concreto, el recurso es contra el acuerdo número 10 aprobado en el Consejo del 25 octubre de 2016, y ratificado el pasado viernes por los representantes de la Conselleria, con Montón a la cabeza, y la alcaldesa de Castellón, relativos a la modificación de relación de puestos de trabajo.
El recurso se fundamenta en que el acuerdo del consejo en el que se gestaron los despidos se aprobó sin que constara en el expediente ningún documento que justificara la decisión impuesta por la consellera con su voto de calidad y en base a un informe de la UJI que no constaba el día de la votación y del que la propia Universitat Jaume I se ha desvinculado públicamente tras la enorme polémica generada en toda la sociedad castellonense.
Vicente-Ruiz ha defendido la interposición del recurso desde el convencimiento que “los vocales de la Diputación que formamos parte del consejo tenemos muy claro que vamos a defender los intereses de todos los castellonenses. La consellera, desde el primer minuto, se ha dedicado a atacar al corazón de la provincia que, en este caso, está representado por el Hospital Provincial y su reconocimiento de excelencia a nivel nacional, especialmente en oncología”.
En este sentido, la vocal del Consejo de Gobierno del Consorcio del Hospital Provincial, ha subrayado que “detrás de estos 17 despidos, que un juez ya ha determinado que son nulos e improcedentes, existe un único objetivo que es desmantelar un centro de referencia sanitaria para todos los castellonenses”.
“Solo la vía judicial puede frenar su ataque a la provincia”
Vicente-Ruiz ha querido resaltar que desde que el pasado 25 de octubre Montón “perpetrara este ataque maquiavélico contra la calidad asistencial y los derechos de todos los ciudadanos de esta provincia, le hemos dado oportunidades para evitar la vía judicial y que deshiciera el camino andado hasta el desmantelamiento del Hospital. Sin embargo, y después de que en el último consejo demostraran su obcecamiento a la hora de destruir la excelencia del centro sanitario, la consellera ya ha demostrado que tan solo la vía judicial puede frenar su ataque sin control a toda la provincia”.
“De hecho -ha lamentado la diputada provincial y vocal del Consorcio-, Carmen Montón conminó el viernes a que los trabajadores despedidos defendiesen sus derechos por la vía judicial, porque la consellera dejó claro que tenían cerradas las puertas del Hospital Provincial. Y lo hizo a pesar de la movilización de trabajadores sin precedentes del viernes, que la consellera trató de evitar entrando por una puerta diferente a la que siempre había utilizado y escondiéndose de los trabajadores, llevándose a los periodistas a un cuarto cerrado para no atenderles a las puertas del centro, como había hecho siempre durante los casi dos años que lleva ya al frente de la Conselleria de Sanidad”.
Porque “no podemos olvidar que detrás de todos estos despidos, que un juez ya ha sentenciado que son ilegales, hay profesionales y, sobre todo, hay pacientes que han visto anuladas o retrasadas sus citas. Es lamentable que desde Valencia se decida cercenar e incluso suprimir servicios, con el menoscabo que ello supone para calidad asistencia de los castellonenses, que cuando han necesitado el centro han tenido en él una atención excelente”.
Compromiso de Moliner para evitar el desmantelamiento
El vicepresidente primero del Gobierno Provincial, Vicent Sales, ya aseguraba ayer que “la Diputación hará todo lo que esté en su mano para que la consellera Montón no ejecute su hoja de ruta para desmantelar el Hospital Provincial”. Precisamente criticó que, “en su estrategia de desgaste para justificar el desmantelamiento del Hospital Provincial, la consellera Montón está tirando por los suelos el prestigio del principal activo del centro, que son sus trabajadores, cuando son los que han cimentado la gran reputación del Provincial.
Tanto Sales como Vicente-Ruiz mantienen en su argumento el compromiso de Moliner ante los trabajadores del Provincial nada más finalizar el consejo extraordinario: “La Justicia les ha dicho que no tenían razón, que los contratos eran legales y lo que eran ilegales eran los despidos y que al final todo eso acaba conduciendo a un escenario en el que cada día los servicios que se pueden prestar a los pacientes son peores porque con menos profesionales se prestan menos servicios. Nuestra obligación, y así lo vamos a ejercer hasta las ultimas consecuencias, es trabajar para que la Generalitat no logre desmantelar los servicios sanitarios”.
