El juzgado de lo contencioso-administrativo número 1 de Castellón ha anulado el punto 10 de los acuerdos del consejo de gobierno del Consorcio Hospitalario Provincial de Castellón del 25 de octubre del 2016, que contemplaba la amortización de hasta 17 puestos de trabajo. Una sentencia que debe conllevar necesariamente la «dimisión» de la presidenta del citado ente, la consellera de Sanidad, Carmen Montón.

Así se expresó el presidente de la Diputación, Javier Moliner, que fue ayer el encargado de dar a conocer la resolución judicial, impulsada en su momento por la diputada de Acción Social y consejera del Provincial, Elena Vicente-Ruiz, quien le acompañó durante la comparecencia de prensa. A diferencia de la dirección del Consorcio Hospitalario, que considera que cabe recurso, Moliner afirmó que la sentencia es «firme» y, por tanto, definitiva.

Moliner acusó a la Conselleria de Sanidad, y en particular a su máxima responsable, de querer «desmantelar» el centro hospitalario castellonense en base a un informe atribuido a la Universitat Jaume I que fue «negado por el rector», «que no se enseñó» y «que fue usado de tapadera».

Por este motivo, a su juicio, Montón «no tiene que estar ni un minuto más al frente del Consorcio», destacó. Este organismo está compuesto en un 50% por miembros representando a la Diputación provincial y otro 50%, a la Conselleria de Sanidad.

críticas // El presidente provincial hizo hincapié en su alocución a que la consellera «ha demostrado sobradamente, con los innumerables reveses judiciales que ha recibido, que todas sus decisiones han ido no solo en contra de la calidad del servicio sino también contra la legalidad».

«Por ello, no tiene que estar ni un minuto más al frente de esas responsabilidades para poder volver a enderezar el rumbo del Hospital Provincial, recuperar el tiempo perdido e intentar restablecer las condiciones de calidad asistencial que los ciudadanos requieren», refirió el popular.

En este sentido, Moliner explicó que como consecuencia de la decisión adoptada por el consejo de gobierno en octubre del 2016, «10.000 niños se han quedado sin revisión ocular, se ha multiplicado el coste de las pruebas de esfuerzo, se han incrementado las listas de espera en prácticamente todas las especialidades, se han cancelado operaciones...».

Por ello, considera esta sentencia como «un punto de partida que tiene que contemplarse como una oportunidad para corregir los errores e iniciar un camino distinto al que se emprendió en aquel momento», concretó.

resoluciones favorables // Los tribunales ya fallaron en su momento que los despidos fueron improcedentes y se abonó la indemnización marcada por el juez, tal y como recordó ayer Moliner en su comparecencia.

Asimismo, el centenar de denuncias interpuestas respecto al pago de la productividad de distintas anualidades han sido resueltas por los tribunales a favor de los demandantes.