Los exsubdelegados del Gobierno en Castellón Antonio Lorenzo (PSOE) y David Barelles (PP) podrían enfrentarse a penas de hasta 12 años de prisión por presuntos delitos de malversación (de dos a seis años) y falsedad en documento oficial (de tres a seis) de declararse la apertura de juicio oral y formalizar la Fiscalía una acusación contra ellos, según han explicado fuentes judiciales consultadas. Ambos constan en la causa que dirige el Juzgado de Instrucción número 1 de Castellón como investigados --Barelles ha pasado esta misma semana de testigo a imputado-- y están citados para declarar ante el magistrado los días 25 de abril y 2 de mayo en el marco del caso Subdelegación.

Antonio Lorenzo --en el cargo desde el 2007 al 2012-- se acogió a su derecho a no declarar cuando fue citado en la comisaría de la Policía Nacional a finales del 2018. David Barelles --subdelegado del 2012 al 2018-- prestó declaración como testigo, derivando la responsabilidad al tesorero de la institución que está suspendido de empleo y sueldo y que es el principal investigado en la causa. Como publicara ayer Mediterráneo, Barelles dijo a los agentes que tenía «absoluta confianza» en V.G.M., el habilitado de gastos separado de sus funciones, y aseguró que pensaba que todas las facturas que firmó durante sus años en el cargo eran veraces.

«Al ser pequeñas cuantías y venir haciéndose desde mucho antes de que yo tomara posesión, sumado a que entendía que esos gastos estaban justificados, no dudé de los documentos», declaró Barelles en comisaría el 2 de mayo del 2018. Este año, 365 días después, volverá a declarar --si lo desea--, pero en el juzgado y en calidad de investigado.

V.G.M., citado en el Juzgado de Instrucción 1 el próximo viernes 22, declaró ante la Policía Nacional que Lorenzo conocía la manera supuestamente ilegal de operar en la institución. «Reconozo que no debí firmar las facturas, pero si lo hice fue porque me lo ordenaron», manifestó el funcionario. Al mostrarle los investigadores los trabajos facturados en numerosos documentos, admitió que realmente estos no se realizaron y que de dichas facturas presuntamente irregulares «tenía conocimiento el entonces subdelegado del Gobierno en Castellón, Antonio Lorenzo».