La desescalada ha llegado al comercio local, la hostelería y también a la Justicia. Unos 450 funcionarios de Castellón se reincoporan hoy a sus puestos de trabajo en juzgados de la provincia, después de que el BOE publicara el pasado fin de semana la disposición del Ministerio para iniciar este martes la fase 2 de la desescalada en la administración con la vuelta presencial de entre el 60 y 70% de la plantilla.
Las sedes judiciales de Castelló, Nules, Vila-real, Segorbe y Vinaròs se preparan para recibir este martes a la mayor parte de sus empleados entre medidas de protección frente al covid-19 para garantizar la seguridad. Trabajo por turnos, uso de mascarillas, pantallas, geles hidroalcohólicos, distancia de dos metros entre el personal, colocación de mamparas en los mostradores y limitación del aforo son solo algunos de los protocolos a seguir en los edificios judiciales en plena pandemia del coronavirus.
Los sindicatos advierten de que el colapso que sufrirá la justicia castellonense como consecuencia de la crisis sanitaria internacional será «de proporciones inimaginables». Si los juzgados de la provincia arrastraban ya años de atasco y falta de medios, la actual situación no ha hecho sino agudizar un retraso judicial que será muy complicado revertir. Y es que, como publicara Mediterráneo recientemente, ya han tenido que suspenderse 3.000 juicios desde el pasado mes de marzo, lo que provocará un embotellamiento sin precedentes cuando se retome la nueva normalidad en las vistas orales. Todas las jurisdicciones están afectadas por el parón y el coronavirus ha obligado a suspender, incluso, juicios por delitos de sangre (es el caso del homicidio del Grau en el 2018 como venganza a una denuncia por violencia machista).
CASO POLÉMICO
La puesta en libertad de un entrenador de gimnasia de Betxí acusado de presuntos abusos a cinco de sus pupilas de entre seis y 14 años también ha estado rodeado de polémica. Su juicio debía hacerse a principios de junio, pero ante las dificultades que planteaba su celebración por la pandemia, la Audiencia Provincial decidió suspenderlo sin fecha. Este hecho, sumado al tiempo que el procesado llevaba ya en prisión preventiva, llevó a los magistrados a tomar la decisión de dejarlo en libertad con cargos. La consellera de Justicia, Gabriela Bravo, se pronunció públicamente sobre lo ocurrido su «preocupación y estupor» por la decisión judicial al considerar que a la Conselleria «no ha llegado petición alguna por parte de la Audiencia de la necesidad de acondicionar un espacio para la celebración de este juicio».
La consellera prometió medios para celebrar el juicio porque «de ninguna manera podemos aceptar que un presunto agresor de menores se le deje en libertad». Sin embargo, el procesado pagó los 10.000 euros de fianza la semana pasada, salió en libertad y reside en Betxí (como las víctimas). El recurso judicial interpuesto no se ha resuelto aún.
¿Quién puede estar exento?
Según la orden publicada en el BOE, no podrá ser llamado a formar parte de los turnos presenciales el personal que tenga reconocidos permisos por patologías susceptibles de agravarse por efecto del covid-19. Asimismo, tampoco tendrán que incorporarse quienes tengan el llamado permiso por deber inexcusable. Es decir, quienes tengan hijos menores de 14 años o dependientes a su cargo que necesitasen atención para actividades básicas de la vida diaria.
