El Ministerio de Justicia ha enviado una carta a los ayuntamientos de Castellón y Zucaina para instarles a que retiren los vestigios franquistas que puedan permanecer en sus términos. Así lo confirmaron tanto el Ministerio como los consistorios consultados.

En el caso de la capital de la Plana, fuentes del consistorio informaron que el escrito del Ministerio recuerda la obligación por ley de eliminar estos restos aunque sin detallar ninguno en concreto e insta a elaborar un catálogo municipal. Señalaron que darán cumplimiento al mismo, aunque coincide que la Conselleria de Justicia está elaborando un catálogo y, por tanto, habrá que discernir si con este será suficiente para no duplicar. A su vez, señalaron que la carta llegó anteayer y se remitió a Cultura para que adopte las medidas.

Fuentes municipales remitieron a la información que aportó el Grup per la Recerca de la Memòria Històrica, que incluye bloques de pisos de protección oficial que se hicieron en la época de Franco y que llevaban el indicativo del yugo y la flecha; la placa de Caídos por Dios y por España en la Iglesia de la Trinidad y la Cruz del Ribalta, entre otras.

Respecto a la retirada señalaron que habrá que dirimir si la petición se refiere solo a los edificios de titularidad municipal. Y es que algunos de estos indicativos están en viviendas particulares o responsabilidad de otras instituciones.

En el caso del cartel de la parroquia de la Trinidad, desde el obispado mostraron su extrañeza de que nadie les haya notificado nada. La leyenda se encuentra en la fachada principal, por lo que si hay que quitarlo habría que adecentar después la fachada.

Respecto a la Cruz del Ribalta la concejalía de Cultura debe elaborar un documento jurídico que justifique el cumplimiento de la memoria histórica antes de proceder a su retirada. Y a continuación habrá que abrir un periodo de alegaciones. El Ayuntamiento también contempla acondicionar la zona del monumento.

Por su parte, el alcalde de Zucaina, el socialista José María Ibáñez, admitió haber recibido la misiva, pero matizó que en Zucaina no existen restos franquistas y así se le respondió.

SANCIONES // Este proceso va en paralelo al que desarrolla la Conselleria de Justicia, que desde octubre de 2015 ya mandó cartas a ayuntamientos, diputaciones para hacer un catálogo y ha constituido varios grupos técnicos.

En diciembre de 2017 se aprobó la ley de memoria democrática que daba un plazo de un año para retirarlos. La dirección general de Reformas Democráticas volvió a enviar un escrito recientemente a ayuntamientos para que aclaren si han dato cumplimiento a la ley, que están contestando desde diciembre, para borrar y actualizar el catalogo. Ahora este último está en proceso de elaboración porque las cartas llegan a cuentagotas y esperan este mes tenerlo. Se podrá proceder a sancionar en cuanto se constituya el instituto de memoria democrática que tiene que crearse en Alicante y que tendrá competencias para quienes no cumplan.