El nuevo Juzgado de Primera Instancia número 10 de Castellón, el único que cuenta ya con la autorización del Ministerio para su puesta en marcha, se ubicará en la zona creada para el Juzgado de lo Penal 5 que Madrid rehusó otorgar, a pesar de las reivindicaciones de la Conselleria y del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Así lo han confirmado a Mediterráneo desde la Conselleria que dirige Gabriela Bravo, que ha decidido aprovechar las instalaciones creadas para albergar el nuevo órgano. Su ubicación será, sin embargo, temporal, pues la intención de la Generalitat es que el Juzgado de Primera Instancia 10 esté junto al resto de los órganos de materia Civil.

Cabe recordar que la Generalitat adjudicó el pasado mes de junio las obras para la reubicación del Juzgado de lo Contencioso 2 y los despachos sindicales al objeto de acondicionar el lugar que debía ocupar el quinto juzgado de lo penal de la capital. Los trabajos, por valor de 72.000 euros, los realizó la empresa Gimecons Construcciones y Contratas SL.

Sin embargo, el Ministerio de Justicia ignoró las necesidades de la justicia castellonense en material Penal y no lo autorizó.

Este órgano ya recibió en el 2010 la autorización ministerial para ponerse en funcionamiento y quedó paralizado tras renunciar a implantarlo el gobierno de la Generalitat (entonces del PP) en junio del año 2011.

UN JUZGADO BIS / Esta semana, en una visita a Castellón con motivo de los continuos fallos de la justicia digital, Bravo anunció la creación de un juzgado de lo Penal bis para aligerar la elevada carga de trabajo que soporta la capital de la Pana. El mismo se dedicará a realizar señalamientos y vistas. La consellera ha mantenido ya contactos con el CGPJ para contar con un juez para dicho órgano, al que se sumará también funcionariado de Justicia, tal y ya publicó este periódico el miércoles.

Se trata de un plan de choque impulsado por el Consell y la Audiencia ante los colapsos.