La titular del juzgado de Instrucción número 3 de Castellón ha llamado a declarar en calidad de investigados --antes imputados-- a 11 exmiembros del consejo de administración de Aerocas «que asistieron a las reuniones y ratificaron los contratos efectuados respecto a Álex Debón y la sociedad Motorsport69 S.L.

Se investigan los supuestos delitos de prevaricación y malversación cometidos en la adjudicación de patrocinios del aeropuerto a Debón, que se elevan a 3,6 millones de euros, y que fueron acordados en tres reuniones celebradas entre 2009 y 2010. El juzgado investiga ahora el dinero recibido por la mercantil, así como si esos contratos tuvieron como contrapartida el pago de comisiones.

FABRA, EL LÍDER //

Los hechos se retrotraen a una época en la que la Diputación, como impulsora del recinto de Vilanova d’Alcolea, dirigía el rumbo de Aerocas con Carlos Fabra a la cabeza. Junto a él estaban como consejeros Francisco Martínez y Vicent Aparici, vicepresidentes provinciales que ahora también han sido llamados a declarar. Fabra, junto a Debón, ya tenían la consideración de investigados en esta causa, aunque en este caso por cohecho.

Además de ellos, la jueza tomará declaración al exconseller y ahora diputado Gerardo Camps --el único aforado y que, por lo tanto, declarará «si voluntariamente se presta a ello»--, que comparecerá el día 22 de febrero, mismo día que Martínez; el exconseller José Manuel Vela y José Luis Villanueva, el 25 de febrero; Eusebio Monzó --único concejal del PP de València que quedaba sin investigar, los demás están investigados por el caso Taula-- y Aparici, el 14 de marzo; Victoriano Sánchez-Barcaiztegui y Javier Eleno, el 15 de marzo; y Cristina Serrano, Ricardo Bayona y el exconseller Vicente Rambla, el 22 de marzo.

Respecto a Camps, según fuentes del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV), el Tribunal Supremo no halló el año pasado indicios de cohecho en la actuación del diputado, pese a la petición en este sentido del anterior instructor, por lo que ordenó al juzgado que prosiguiera con la investigación. Ahora, esos indicios se refiere a la posible comisión de los delitos de malversación y prevaricación.

DESDE EL 2016 //

Pese a que la causa se abrió en octubre del 2016, su inicio se gestó en abril de ese año, cuando el juzgado de Primera Instancia número 4 de Castellón condenó a Carlos Fabra a abonar 360.000 euros más intereses a Debón, que le prestó esta cantidad entre 2010 y 2013. Una cantidad que correspondía exactamente con el 10% de la cantidad consignada a Motorsports69.L, lo que despertó las suspicacias desde diversos estamentos.

De hecho, días después el fiscal jefe de Castellón, José Luis Cuesta anunció que se abría una investigación al respecto, tras la denuncia de un organismo oficial no revelado. En febrero del 2017, Carlos Fabra y Álex Debón tuvieron que comparecer en el juzgado por esta causa, pero se acogieron a su derecho a no declarar.

Desde el TSJCV indicaron que el futuro calendario de declaraciones «podría sufrir modificaciones ante los problemas de agenda de algunos abogados».