Las demandas por cláusulas abusivas en las hipotecas lastrarán unos cuantos años más los tribunales de Castellón. El problema se eleva desde el juzgado de Primera Instancia número 6, especializado en este tipo de asuntos, hasta la Audiencia Provincial, donde se abordan los recursos que presentan la entidades financieras. Y no son pocos. En la provincia, el 97,6% de las sentencias es favorable a los clientes y la banca recurre el grueso de las decisiones judiciales, por lo que el proceso se eterniza y puede durar años.

Que la losa existe es algo que demuestran los últimos datos que acaba de hacer públicos el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). El juzgado especializado, activado a mediados del 2017 tras el fallo contra las cláusulas suelo de la Justicia europea, ha recibido en Castellón un total de 2.897 asuntos (desde junio del 2017 a diciembre del 2018) y ha resuelto casi un millar. O dicho de una manera mucho más clara: Este órgano judicial todavía tiene 1.964 asuntos pendientes.

Tras cerrar 2017 con 1.175 asuntos ingresados (el juzgado especial se puso en marcha a partir del mes de julio de ese año) y 137 casos resueltos, este tipo de causas sigue sin agotarse. Durante el 2018 entraron otros 1.712 nuevos asuntos, a una media de cinco al día. Y pese a que el ritmo de resolución se ha acelerado (el año pasaron se resolvieron 786, unos dos al día), el atasco sigue siendo imponente, con un tapón que roza las 2.000 demandas solo en la provincia. En Alicante los casos pendientes superan los 9.000 y, en Valencia, los 7.800.

En el resto del país la situación es muy similar y el atasco es la nota predominante. De hecho, y en conjunto nacional, los juzgados especializados han recibido 208.651 casos durante el último año y han resuelto 29.849, el 14%, lo que a juicio de muchos expertos demuestra que el sistema ideado por el CGPJ no ha servido para dar una solución rápida a todos los afectados.

El poder judicial puso en marcha, con fecha 1 de junio del 2017, un plan denominado de emergencia para dar respuesta al previsible aumento de carga de trabajo de los juzgados tras publicarse la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) de 21 de diciembre de 2016 sobre las cláusulas suelo. Un plan que, según el calendario previsto inicialmente, debería haber acabado el pasado 31 de diciembre. Debido al tapón, el CGPJ anunció a finales del 2018 que los juzgados especiales se mantendrían, al menos, un año más.