El funcionamiento de la Justicia no acaba de convencer a los ciudadanos. Las discrepancias con resoluciones judiciales y, sobre todo, los retrasos son la segunda queja que recibió en 2016 el Defensor del Pueblo desde Castellón. Porque por mucho que pasen los años, los juzgados siguen teniendo los mismos problemas de siempre: falta de medios y personal. Y eso que la cifra de asuntos que llegan a los 48 órganos judiciales de la provincia evoluciona claramente a la baja.
Las últimas estadísticas del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) revelan que durante el año pasado entraron en los juzgados de la provincia 65.030 asuntos, a una media de 178 al día. La cifra sigue siendo abultada, pero es un 33% inferior a la contabilizada en el 2015, cuando se registraron casi 97.000 casos. Si se compara el dato con el del año 2013, en plena crisis económica, la diferencia es todavía más abismal. Ese año la Justicia ingresó el récord de 102.341 casos.
Varias causas explican porqué llegan menos asuntos a los juzgados de la provincia. La principal tiene que ver con la reforma de la Ley Enjuiciamiento Criminal (Lecrim), una normativa que entró en diciembre de 2015, y en la que se dispuso que, con carácter general, los atestados policiales en los que no existe autor conocido del delito denunciado no se remitirán a los juzgados. O dicho de otra manera, esos atestados policiales ya no se contabilizan.
Ese cambio en la normativa está detrás del hecho de que los asuntos que más caen son los de la jurisdicción Penal. Un par de datos basta para entenderlo. En el 2016 los juzgados de lo Penal trataron 35.080 casos, un 43% menos que un año antes.
Los asuntos de la jurisdicción Social también caen, pero lo hacen mucho menos, desde los 4.071 del 2015 a los 3.873 asuntos registrados durante el último año. Ese descenso está relacionado con el fin de la conflictividad laboral, ya que estos juzgados son los que resuelven despidos, reclamaciones de cantidad o expedientes de regulación de empleo. Con los asuntos civiles pasan exactamente lo mismo, aunque en este caso el descenso ha sido mayor, del 18,3%. En la jurisdicción contencioso-administrativa los casos han ido a más, hasta los 1.430 en un año.
UN PROBLEMA NO RESUELTO // Llegan menos asuntos a los juzgados, los ciudadanos pleitean menos que durante los años más duros de la crisis, los jueces y magistrados resuelven cada vez más (73.001 en el 2016) y todo eso aporta cierta ligereza a la Justicia, que ha dejado atrás la época más crítica. De hecho, los 48 juzgados de la provincia cerraron el año con 30.413 asuntos pendientes de resolver. La cifra sigue siendo imponente, pero nada tiene que ver con la registrada unos años antes, cuando los juzgados de Castellón arrastraban más de 53.000 casos por resolver.
Que el atasco judicial no sea tan monumental no significa, ni mucho menos, que el problema esté resuelto. Jueces, abogados y funcionarios coinciden en el diagnóstico y siguen alertando que son necesarios muchos más medios para dar salida a los miles de asuntos pendientes y la Conselleria de Justicia les da la razón. La titular del departamento, Gabriela Bravo, remitió hace muy pocas semanas una carta al Ministerio de Justicia en la que reclamó la creación de 18 nuevos órganos judiciales en la Comunitat Valenciana. De ellos, dos se emplazarían en Castellón, nueve en la provincia de Alicante y siete en Valencia. Los dos de Castellón serían el juzgado de lo Penal número 5 de Castellón y el juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 4 de Nules.
