La Justicia también tiene una caja fuerte. Y no es una caja cualquiera. En Castellón, los juzgados reciben a diario miles y miles de euros que permanecen bloqueados en la cuenta de depósitos y consignaciones judiciales hasta que haya una sentencia firme. Esa caja cerró la primera mitad de año en la provincia con la friolera de casi 35 millones de euros, lo que supone casi un 5% más que en el mismo periodo del 2018. En el conjunto del país, la cifra supera los 4.400 millones, según datos recogidos por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

Pero, ¿de dónde sale todo ese dinero? ¿Cuál es su destino final? Cada que vez que un ciudadano o una empresa tiene que pagar una multa impuesta por un juez, una fianza para eludir la cárcel o la indemnización fijada en una sentencia, está obligado a abonar ese dinero en la cuenta del juzgado correspondiente (cada órgano judicial tiene una). A todas esas cuentas se les denomina cuentas de depósitos y consignaciones, cuyo saldo en Castellón al terminar el segundo trimestre de este año ascendía a 34,6 millones de euros. «Las cantidades que se abonan son muy dispares y pueden ir desde los 300 euros a cifras muchísimo más altas», explican fuentes judiciales. En esos casi 35 millones de euros también se incluye el dinero incautado en todo tipo de operaciones policiales. Unos fondos que permanecen inmovilizados hasta que haya una resolución firme que determine si el dinero debe devolverse a su propietario original (se le reintegra la misma cantidad que ha depositado, pero sin los intereses) o se usan para el pago de indemnizaciones, multas o costas.

El grueso del dinero en cuentas de depósitos se mantiene bloqueado y fuera del circuito económico, y a menudo lo hace durante varios años. Y el único que saca tajada de ello es el Estado, que cobra intereses por todo el dinero que se guarda en esas cuentas. En el conjunto nacional, el montante asciende a unos 72 millones de euros al año, mientras que en Castellón los intereses aportan al Estado unos 500.000 euros.

EL ATASCO JUDICIAL INFLUYE // Esos casi 35 millones de euros que los juzgados de Castellón tienen bloqueados suponen 1,6 millones de euros más que en junio del año pasado, pero la estadística oficial revela que hace tan solo unos años la cantidades eran mucho más altas. Un ejemplo: al cierre del segundo trimestre del 2016, el saldo en la provincia rozaba los 51 millones de euros, todo un récord. Un descenso que todas las fuentes judiciales consultadas achacan a la caída de los pleitos y al número de asuntos pendientes de resolver. Así, hace tres años, el atasco judicial superaba en la provincia los 40.000 casos. Hoy, los asuntos pendientes de resolución son 32.200, una cifra que pese a ser muy alta, dista de la registrada hace unos años.

Lógicamente, no todos los juzgados de Castellón tienen el mismo dinero en cuentas de depósitos. Los órganos de la jurisdicción civil son, siempre según los datos del CGPJ, unos de los que más dinero tienen consignado, un total de 11,6 millones de euros al cierre del primer semestre de este años. La explicación hay que buscarla en los depósitos de los procesos mercantiles, cuyas cantidades suelen ser muy altas. Le siguen la jurisdicción penal, con 7,9 millones en cuentas.

A pesar de que los ciudadanos y las empresas recuperan el dinero que han abonado en la cuenta del juzgado, hay cientos de euros que se quedan en las arcas del Estado porque, una vez finalizado el proceso en los tribunales, nadie pasa a recogerlos. Todo ese dinero acaba en las cuentas del Tesoro Público, al igual que lo hacen los depósitos en concepto de fianza de acusados en rebeldía y aquellas consignaciones que contienen algún error formal.